Exsecretaria de Hacienda coincide con la Junta: Urge reformar la contratación pública
La exsecretaria del Departamento de Hacienda, Teresita Fuentes, respaldó la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y transparencia en la contratación gubernamental, al reaccionar a las expresiones del director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, sobre posibles cambios a la legislación vigente.
Durante una entrevista, Fuentes señaló que la Ley PROMESA establece como uno de sus objetivos restaurar la confianza pública en los procesos de contratación del Gobierno, por lo que consideró necesario fortalecer los controles para garantizar un manejo adecuado de los recursos públicos.
Las expresiones surgen luego de que Mujica planteara que la utilización de contratos sin procesos competitivos o con excepciones a la subasta puede afectar la confianza ciudadana y que la legislación debería promover una mayor transparencia y competencia en la adjudicación de contratos.
Fuentes coincidió con ese planteamiento y cuestionó si actualmente existe una fiscalización efectiva sobre la documentación que sustenta las contrataciones gubernamentales.
La exfuncionaria sostuvo que la revisión de un alto volumen de contratos representa un reto para las agencias fiscalizadoras y advirtió que, cuando los mecanismos de supervisión son insuficientes, aumenta el riesgo de irregularidades y malos manejos.
Asimismo, criticó las demoras registradas en algunos procesos impulsados por la propia Junta de Supervisión Fiscal, entre ellos la implementación del sistema Enterprise Resource Planning (ERP), proyecto dirigido a modernizar la administración financiera del Gobierno.
Fuentes advirtió que, si Puerto Rico no fortalece su marco legal y los mecanismos de supervisión en la contratación pública, existe el riesgo de repetir las condiciones que contribuyeron a la crisis fiscal que desembocó en la aprobación de la Ley PROMESA y el proceso de quiebra del Gobierno.
La exsecretaria insistió en que la transparencia, la rendición de cuentas y una fiscalización efectiva son elementos esenciales para fortalecer la confianza pública y garantizar el uso responsable de los fondos gubernamentales.
