Rivera Schatz reta a jueza presidenta a ir a los tribunales por la reforma judicial
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió la reforma judicial aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado, y retó a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, a impugnar la medida en los tribunales si considera que viola la Constitución.
Rivera Schatz también cuestionó la “autoridad moral” de Oronoz para oponerse al proyecto y recordó que en el pasado acudió al Tribunal Supremo para impugnar acciones de un gobernador de su propio partido.
La jueza presidenta ha solicitado a la gobernadora Jenniffer González que vete la medida. Entre sus objeciones, ha señalado posibles problemas administrativos y cuestionado que terceros puedan intervenir en la selección de su equipo de confianza.
El proyecto propone trasladar determinadas decisiones administrativas al pleno del Tribunal Supremo. Rivera Schatz sostuvo que los cambios no afectarían los puestos de confianza y argumentó que permitirían agilizar procesos y aumentar la transparencia al limitar la discreción individual.
Ante los cuestionamientos sobre la administración judicial, el líder senatorial alegó que la controversia responde a preocupaciones relacionadas con contratos vinculados al Tribunal de Caguas. Sin embargo, durante la entrevista no identificó a jueces ni presentó documentos que respaldaran ese señalamiento.
Desde la oposición, la senadora popular Ada Álvarez Conde sostuvo que los cambios propuestos requerirían una enmienda constitucional. Por su parte, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, pidió el veto al considerar que la reforma aumentaría el control partidista sobre el Tribunal.
La medida también enfrenta la oposición de 101 profesores de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica, quienes solicitaron a la gobernadora que la vete. Los académicos advirtieron sobre posibles conflictos constitucionales y riesgos para la independencia judicial.
Rivera Schatz, por su parte, vinculó a los profesores que suscribieron la declaración con el Partido Popular Democrático (PPD) y el PIP.
La decisión final está ahora en manos de la gobernadora Jenniffer González, quien deberá determinar si firma la medida o le imparte un veto.
