Inspector General revela fallas en control de fondos millonarios de escuelas públicas alianza
Un examen de la Oficina del Inspector General (OIG) identificó deficiencias en los controles internos de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA), adscrita al Departamento de Educación (DE), que afectan el monitoreo de decenas de millones de dólares asignados a las Escuelas Públicas Alianza (EPA).
El informe señala dificultades para supervisar aproximadamente $35.7 millones distribuidos entre 13 EPA, además de inconsistencias en la entrega y validación de documentos financieros exigidos por la reglamentación vigente.
Según la OIG, del total de $80,649,525.03 asignados al presupuesto de las EPA evaluadas, un 44% del balance disponible no ha sido desembolsado, lo que podría estar relacionado con limitaciones en los procesos de fiscalización y monitoreo de la OEPA.
La auditoría clasificó $44,896,488.61 como costos pendientes de validación, debido a la ausencia de documentos de respaldo en los expedientes revisados, correspondientes al periodo del 1 de julio de 2022 al 13 de noviembre de 2025.
El examen también reveló incumplimientos significativos: 10 de 11 EPA no entregaron estados financieros auditados dentro del término establecido de 90 días, mientras que en 6 de 9 casos los informes fueron sometidos con retrasos de entre 76 y 517 días.
Asimismo, de 87 informes trimestrales requeridos, 69 no fueron entregados, y no se encontraron 32 presupuestos anuales que debían ser presentados por las 13 EPA en los años fiscales evaluados.
La OIG también detectó deficiencias en la fiscalización de pólizas de seguro obligatorias, con ausencia de cobertura en entre 40% y 90% de los casos evaluados, dependiendo del tipo de seguro.
El informe añade que estas fallas impactan la planificación, asignación de recursos y supervisión efectiva del sistema de escuelas alianza.
El DE indicó que ya inició acciones correctivas para atender los señalamientos, mientras la OIG dará seguimiento mediante un plan de acción.
El resultado del informe será remitido al Inspector General federal para la evaluación correspondiente.
