Junta Fiscal advierte sobre posibles consecuencias de cancelar el contrato de LUMA
La controversia sobre el contrato de LUMA Energy continúa generando preocupación ante las posibles consecuencias económicas y legales que podría enfrentar Puerto Rico si prospera la demanda dirigida a cancelar el acuerdo con el operador del sistema de transmisión y distribución eléctrica.
Durante una entrevista, el exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal Antonio Medina y el economista Gustavo Vélez analizaron las recientes posturas del organismo fiscal y sus implicaciones para el futuro energético de la isla.
Medina explicó que la Junta busca intervenir en el pleito en calidad de amicus curiae, figura legal que permite a una entidad aportar información y argumentos relevantes ante un tribunal sin convertirse en parte directa del litigio.
Según explicó, la intención del organismo no necesariamente es defender o atacar a LUMA, sino advertir sobre los posibles efectos fiscales, legales y operacionales que tendría una eventual cancelación del contrato.
Entre las preocupaciones mencionadas figura la posibilidad de que el Gobierno tenga que asumir pagos superiores a los $250 millones, así como la incertidumbre sobre qué entidad estaría preparada para sustituir a LUMA en la operación del sistema eléctrico.
Además, se planteó que una cancelación podría generar conflictos con la legislación aprobada en 2018 y con el plan fiscal vigente, que contemplan la participación de operadores privados en la transmisión y distribución de energía eléctrica.
Altos costos energéticos afectan el bolsillo de los puertorriqueños
Por su parte, el economista Gustavo Vélez advirtió que la crisis energética ya tiene consecuencias directas sobre la economía y el costo de vida en Puerto Rico.
Vélez señaló que las tarifas eléctricas alcanzan aproximadamente los 32 centavos por kilovatio hora, una situación que representa una carga significativa tanto para los consumidores como para los comerciantes.
Según explicó, los altos costos de electricidad también contribuyen al aumento en los precios de los alimentos y otros productos, debido a que los negocios terminan incorporando sus gastos operacionales al precio final que pagan los consumidores.
El economista también identificó la falta de gobernanza y de una estrategia energética coordinada como parte de los principales obstáculos para atender la crisis.
Proponen un plan integral para atender la crisis energética
Ante este panorama, Vélez planteó la necesidad de establecer medidas de alivio económico a corto plazo, acompañadas de soluciones estructurales que permitan reducir los costos energéticos de manera sostenible.
Asimismo, propuso la creación de una mesa de trabajo multisectorial que reúna a representantes del Gobierno, el sector privado y otros sectores pertinentes para desarrollar un plan energético integral.
El análisis de ambos expertos pone de manifiesto que la discusión sobre el futuro de LUMA va más allá de la permanencia de un operador, pues también involucra la estabilidad fiscal, el cumplimiento de las leyes y la necesidad de garantizar un servicio eléctrico confiable y asequible para Puerto Rico.
