¿Qué pasará con LUMA? Alegadas presiones al Supremo añaden tensión a disputa por el contrato
La expectativa por la determinación del Tribunal Supremo sobre el contrato de LUMA Energy continúa rodeada de controversia, luego de que surgieran alegaciones sobre presuntas presiones a jueces para influir en el resultado del caso.
Los señalamientos provocaron reacciones en la Federación de la Magistratura y llamados a que se investigue cualquier posible intento de interferencia en el proceso judicial.
El presidente del gremio, Carlos Salgado, cuestionó que las alegaciones no se hayan presentado bajo juramento y advirtió sobre el daño que puede provocar a la confianza pública divulgar información sin evidencia formal. Salgado describió como un “chisme” los señalamientos que, a su juicio, podrían afectar la percepción sobre la integridad del sistema judicial.
Las versiones surgieron luego de que el analista Eddie López expresara que había recibido información sobre presuntas llamadas y ofrecimientos relacionados con familiares de jueces, con el supuesto propósito de conseguir votos a favor de anular el contrato. Hasta el momento, esas alegaciones no han sido corroboradas de manera independiente.
Ante la controversia, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, sostuvo que ninguna persona, independientemente de su cargo o poder, puede intervenir en una determinación judicial. También expresó confianza en los integrantes del máximo foro judicial, aunque no confirmó ni negó que se hayan producido acercamientos.
Por su parte, la presidenta de LUMA, Janisse Quiñones, solicitó por escrito que se realice una investigación inmediata, rigurosa y transparente sobre los señalamientos.
Más allá de las alegaciones, la decisión del Supremo podría tener consecuencias directas sobre el futuro de la operación del sistema eléctrico y el costo del servicio para los abonados.
El tribunal evalúa la validez de la extensión contractual aprobada en 2022 y si esta requería la unanimidad de los miembros de la Junta de Alianzas Público Privadas.
Si el Gobierno prevalece y se determina que la extensión es inválida, se anticipa un proceso de transición de aproximadamente un año y la búsqueda de otro operador. Uno de los principales retos sería garantizar la continuidad del servicio sin provocar aumentos en la factura de electricidad.
En cambio, si LUMA prevalece, una de las alternativas planteadas sería renegociar el contrato para fortalecer los mecanismos de fiscalización y atender los costos relacionados con la operación.
El exsenador Ramón Luis Nieves también advirtió que una posible anulación del contrato podría abrir la puerta a reclamos de bonistas para procurar el nombramiento de un síndico en la Autoridad de Energía Eléctrica. Según alertó, ese escenario podría alterar las prioridades de la corporación pública y provocar nuevas disputas legales.
Mientras tanto, el país permanece a la espera de la determinación del Tribunal Supremo, que podría marcar un nuevo rumbo para el contrato de LUMA y el futuro del sistema eléctrico.
