Ley 82 impone fianza del 10% para impugnar permisos de construcción y desata críticas
La aprobación de la Ley 82 ha generado controversia en distintos sectores, luego de establecer un requisito de fianza para quienes impugnen permisos de construcción en Puerto Rico, medida que algunos entienden podría limitar el acceso ciudadano a los tribunales.
La disposición, avalada recientemente, exige el pago de una fianza equivalente al 10% cuando se solicite la paralización inmediata de proyectos de construcción mientras se atienden recursos legales como injunctions o sentencias declaratorias.
La medida ha sido cuestionada por su impacto económico, al punto de que el municipio de San Juan ha solicitado ser eximido del pago por considerarlo oneroso.
El representante Jorge “Georgie” Navarro, autor de la medida, explicó que la ley enmienda dos estatutos principales: la Ley 161 de Permisos de Puerto Rico y la Ley 107 del Código Municipal.
Según detalló, el requisito del 10% está vinculado a disposiciones del Código Municipal relacionadas con planes territoriales y suelos rústicos.
Navarro aclaró que la fianza aplica específicamente cuando se solicita la paralización inmediata de un proyecto, mientras que la impugnación puede continuar por la vía ordinaria sin ese requisito.
El legislador añadió que los tribunales podrían considerar alternativas para personas indigentes, aunque indicó que no contempla cambios inmediatos a ese aspecto, pese a que en el Senado se evalúan posibles ajustes para facilitar el acceso al proceso.
Finalmente, sostuvo que la pieza legislativa fue radicada el 22 de febrero de 2025 tras una situación que conoció en Camuy, y negó que la iniciativa respondiera a intereses de contratistas o sectores privados.
