Cámara confronta al director de la Comisión de Juegos por chat publicado en Las Noticias
El director de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, Orlando Rivera, se opuso a una enmienda a la Ley de Juegos de Azar que impediría que el gobierno de Puerto Rico pueda cobrar contribuciones por las máquinas tragamonedas mediante un sistema de conectividad central.
La propuesta está contenida en el proyecto de la Cámara 1119, de la autoría del representante Rivera Madera.
Esta propuesta eliminaría la obligación de que las máquinas cuenten con la tecnología necesaria para permitir la conexión centralizada con el Departamento de Hacienda, como el que al presente existe en los establecimientos comerciales para manejar el Puesto a las Ventas y Uso (IVU), el que a su vez es transferido al fisco.
“Este sistema de conectividad ayudará a la Comisión de Juegos a fiscalizar, contabilizar e identificar las máquinas de juego de azar en Puerto Rico y en una industria que tiene un alto potencial de crecimiento y de creación de empleos y beneficiar las finanzas públicas mediante la tributación que regule Hacienda”, declaró Rivera en una audiencia pública de la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes.
El funcionario presentó un escenario hipotético con 25,000 máquinas, el máximo autorizado por la ley al presente. Si cada equipo generara $37 por día (después de realizados los descuentos correspondientes ) al año el fisco recibiría $337,625,000. De ese total, bajo la ley actual, le tocaría el 33% al gobierno.
De esa suma le tocaría 50% a la Policía para sueldos y el retiro: 45% a los municipios y 5% para gastos administrativos de la Comisión de Juegos.
Rivera indicó que la mayoría de las jurisdicciones en los Estados Unidos y de los países del mundo que han autorizado la operación de las máquinas a los comercios disponen que los equipos estén conectadas a algún sistema de información centralizada. Así es en los estados de Ohio, Georgia y Nevada y en países como España, Austria, Alemania, Colombia y Perú, entre otros.
“Si Puerto Rico se desvía de esa práctica, que ha dado resultado en los estados y otros países, quedaría derrotado el propósito de tener ingresos nuevos para los policías y los municipios, que es la intención del estatuto en vigor, dijo Rivera.
Defendió la política pública que procura impulsar la innovación y el desarrollo económico en segmentos altamente especializados, como son los juegos de azar debidamente fiscalizados.
“Los organismos reguladores como la Comisión de Juegos, posibilitan la expansión de la actividad económica en la medida que generan confianza pública en la integridad de las operaciones de las apuestas deportivas”, dijo.
Indicó que de convertirse en ley el proyecto de referencia, se anularía a la función de supervisión y fiscalización sobre la operación y las apuestas de las tragamonedas por parte del gobierno e Puerto Rico.
“Se abriría la puerta a la evasión contributiva y al lavado de dinero. Es algo que no podemos permitir. Por ello, nos oponemos a la enmienda de la ley propuesta”, concluyó Rivera.
