LUMA advierte sobre impacto “devastador” si se declara nula la extensión de su contrato
El consorcio LUMA Energy presentó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico su respuesta a la demanda del gobierno que busca que se reconozca la nulidad de la extensión del contrato suplementario para la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica.
En su alegato, el consorcio describió un panorama “devastador” para el país y el sistema eléctrico si el tribunal concede la petición gubernamental.
De acuerdo con el director de la división legal de LUMA, Ángel Rotger Sabat, declarar nula la extensión provocaría la paralización de proyectos en curso dirigidos a mejorar la red, afectaría el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y pondría en riesgo fondos federales ya gestionados para iniciativas de modernización.
Además, la empresa sostuvo que suplidores y empleados quedarían en un limbo contractual y operacional, lo que, según su planteamiento, tendría un costo elevado para el erario.
El director afirmó que una terminación temprana podría costarle al gobierno aproximadamente $1,300 millones, cifra que, según indicó, surge de análisis presentados ante el Supremo sobre las consecuencias económicas de invalidar la extensión.
Por su parte, el gobierno sostiene que la extensión es nula debido a que no contó con el voto de todos los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE.
El contrato suplementario fue otorgado en sustitución de un contrato “en propiedad” mientras continúa el proceso de quiebra de la AEE, que permanece bajo consideración del tribunal federal a cargo de la jueza Laura Taylor Swain.
En el contexto del litigio también se han planteado preocupaciones sobre el componente político del debate.
Rotger Sabat opinó que se han impuesto criterios político-partidistas a una controversia jurídica y advirtió sobre el riesgo de mezclar la política con la contratación gubernamental y el uso de fondos públicos.
LUMA, por su parte, reiteró que el contrato es válido y que la extensión fue aprobada legalmente al amparo de la Ley de Alianzas Público-Privadas.
