A 10 años de PROMESA, crecen los cuestionamientos sobre la Junta de Supervisión Fiscal
Protestas en distintos puntos de la isla recordaron hoy la creación de la Junta de Supervisión Fiscal tras la llegada de la Ley PROMESA, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre su trayectoria y su impacto en el gobierno de Puerto Rico.
Manifestantes con una gran pancarta ocuparon varios carriles del Expreso 52, en la zona de San Juan, para denunciar lo que consideran ineficacia e ineficiencia del organismo.
Actualmente, solo permanece uno de los siete miembros originales de la Junta tras las bajas y despidos registrados durante estos años.
A diez años de la implantación de PROMESA, legisladores de distintos partidos expresaron pesar y sostuvieron que Puerto Rico no está en un mejor lugar.
Entre sus señalamientos destacaron el alto costo de operación de la Junta y su intervención en asuntos internos que, según plantearon, van más allá de lo establecido.
El senador Ángel Toledo planteó la necesidad de discutir cómo terminar o derogar PROMESA, al advertir que la ley no incluye un mecanismo claro para su cierre.
Además, se acusa a la Junta de no impulsar el desarrollo económico y de acentuar la condición colonial de Puerto Rico.
El representante Héctor Ferrer vinculó esta década bajo PROMESA con un deterioro en la calidad de vida y mencionó problemas persistentes en los servicios de energía eléctrica, agua potable y educación.
Por su parte, el representante Dennis Márquez denunció recortes a la Universidad de Puerto Rico, cuyo presupuesto —afirmó— se redujo de entre $800 y $900 millones a $500 millones.
Además, se alertó sobre un posible aumento en el endeudamiento y una nueva crisis fiscal, mientras la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica continúa sin resolverse en el tribunal federal.
