¿Coincidencia o ventaja? Familia casi adjudica contrato de $38 millones pese a objeciones internas
Una investigación de Las Noticias reconstruyó el proceso mediante el cual la empresa NOLA Education LLC, con sede en Louisiana, estuvo a punto de recibir un contrato de hasta $38 millones en fondos federales TANF, administrados por el Departamento de la Familia, para implementar el programa educativo Star Academy en 25 escuelas públicas y atender a cerca de 2,000 estudiantes en Puerto Rico.
El caso salió a la luz tras una carta interna fechada el 20 de mayo de 2026, en la que la administradora de la ADSEF, Blanca Medina, informó a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, que la agencia no participó en la evaluación de propuestas, selección de compañías ni adjudicación del proyecto, y que aún persistían dudas sobre el uso de fondos TANF.
Documentos obtenidos reflejan que el interés por el programa comenzó antes de un proceso competitivo, luego de su promoción pública en febrero de 2025 por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y de reuniones interagenciales posteriores, a pesar de que el Departamento de Educación habría concluido inicialmente en mayo de 2025 que los servicios propuestos ya existían dentro del sistema público.
La investigación también revela la realización de un viaje oficial a Nueva Orleans entre el 7 y el 10 de diciembre de 2025, financiado con fondos TANF, para evaluar el modelo.
Llamó la atención que el entonces administrador de esos fondos, Ramón Burgos, no participó de la misión y posteriormente solicitó explicaciones e informes sobre la misma.
Ese mismo día del regreso de la delegación, NOLA Education quedó incorporada en Puerto Rico.
Posteriormente, mediante un proceso por invitación en el que participaron solo tres organizaciones, un comité evaluador recomendó a NOLA Education como la seleccionada para el contrato.
El 20 de enero de 2026 se notificó oficialmente su adjudicación.
Sin embargo, la secretaria del Departamento de la Familia sostuvo que el proyecto no se concretó por falta de participantes elegibles bajo TANF y aseguró que existía una cancelación del proceso.
Aun así, los documentos revisados muestran notificaciones de adjudicación y decisiones previas que generan discrepancias sobre el alcance real del proyecto.
La investigación continúa ante múltiples interrogantes sobre la toma de decisiones, el uso de fondos públicos y la transparencia del proceso administrativo.
