“Nos quieren quitar el sustento”: comerciantes ambulantes denuncian ofensiva del DTOP
Comerciantes ambulantes de distintas regiones de Puerto Rico expresaron preocupación ante una ofensiva del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) dirigida a remover negocios y estructuras ubicadas en las orillas de las carreteras estatales.
La agencia sostiene que algunas de estas operaciones incumplen disposiciones relacionadas con la seguridad vial y representan riesgos para conductores.
Sin embargo, los comerciantes aseguran que muchos de estos negocios cuentan con permisos municipales, patentes y otros requisitos necesarios para operar.
En Cabo Rojo, Ángel Luis Pabón afirmó que su negocio familiar lleva más de 45 años operando cerca de la carretera PR-100 y cuestionó la intervención al entender que cumple con las disposiciones aplicables y mantiene una distancia considerable de la vía pública.
De igual forma, José Luis Vargas denunció haber recibido una orden de cese y remoción inmediata para su negocio de pollo asado, situación que describió como particularmente difícil por coincidir con la temporada de verano, cuando registra mayores ventas.
La controversia se extiende a otros municipios, donde comerciantes alegan que la aplicación de la ley no ha sido uniforme.
Algunos cuestionan que mientras ciertos negocios reciben órdenes de remoción, otros establecimientos operan con áreas de estacionamiento igualmente cercanas a las carreteras.
En municipios como Arecibo también se han reportado intervenciones similares, incluyendo alegaciones de remoción de estructuras utilizadas para la venta de productos.
Por su parte, el DTOP sostuvo que la posesión de permisos municipales o el pago de patentes no autoriza automáticamente la operación de negocios en áreas que puedan representar un riesgo para la seguridad vial.
Mientras continúa el debate, consumidores han manifestado respaldo a los comerciantes afectados, destacando la aportación económica, cultural y gastronómica de estos negocios.
Algunos alcaldes también han solicitado una discusión más amplia sobre la aplicación de los reglamentos y han abogado por que se permita a los comerciantes presentar sus planteamientos antes de ejecutar medidas que puedan afectar sus operaciones y fuentes de ingreso.
