Expediente Suzanne Roig: denuncias, controversias y preguntas sin responder
La gestión de Suzanne Roig al frente del Departamento de la Familia ha estado bajo escrutinio por cuestionamientos relacionados con contratos de servicios, el uso de fondos federales y señalamientos sobre su trato a empleados de la agencia. Los asuntos han llegado ante distintas instancias gubernamentales y legislativas, con resultados y etapas diferentes.
Mientras una investigación relacionada con la empresa One Source Investigations (OSI) fue archivada y no se recomendó reabrirla, otros señalamientos vinculados con acuerdos contractuales permanecen bajo evaluación. A esto se suma una demanda civil presentada por una exempleada de la agencia, quien reclama compensación por presuntos actos de hostigamiento laboral, discrimen y represalias.
One Source: un contrato de $60,000 y el correo dirigido a “Baby”
La controversia se remonta a la etapa en que Roig dirigía la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud. En ese periodo, surgieron cuestionamientos sobre la contratación de OSI, empresa vinculada con servicios de seguridad para hogares que atendían a personas con necesidades complejas.
Uno de los acuerdos bajo escrutinio contemplaba pagos de aproximadamente $60,000 mensuales por los servicios relacionados con un solo participante en el hogar Hacienda Don Luis. El dueño del establecimiento, Eliut Colón, alegó que se le requirió contratar a OSI como parte del proceso para mantener el acuerdo con el gobierno. Según los señalamientos, cerca de $40,000 mensuales se destinarían a la empresa de seguridad, una cantidad que generó preguntas sobre el costo y la forma en que se estructuró el contrato.
Pero el caso volvió a cobrar fuerza en abril de 2026 por un correo electrónico fechado en septiembre de 2021. El mensaje original, relacionado con los documentos requeridos para contratar a OSI, fue enviado a Roig y al representante de la empresa. Roig lo reenvió desde su cuenta oficial a una persona identificada únicamente como “Baby”, con el asunto “One Source Investigations Inc.”.
La identidad del destinatario se convirtió en el centro de una nueva controversia. El senador popular Luis Javier Hernández sostuvo que “Baby” era Wilfredo Benítez, presidente de OSI, y planteó que el correo podía ayudar a establecer un vínculo entre ambos y aclarar si hubo interferencia en el proceso de contratación. En ese momento también circulaban señalamientos sobre una posible relación sentimental entre Roig y Benítez.
El asunto adquirió mayor importancia porque el correo reenviado no aparecía en el expediente que el Departamento de Justicia había evaluado cuando archivó la investigación en octubre de 2025. Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron que faltaban 24 páginas del expediente entregado al Senado. La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, aclaró que la agencia había remitido el expediente que recibió de Salud y que no había retirado documentos. Posteriormente, explicó que Justicia tenía el correo original, pero no el reenvío a “Baby”.
Cuando la prensa le preguntó quién era “Baby” y qué relación tenía con esa persona, Roig evitó identificarla. Cuestionó que los periodistas asumieran el género del destinatario por el apodo y afirmó que el asunto formaba parte de documentos evaluados por Justicia. También dijo desconocer de dónde había salido el correo y sostuvo que tenía la conciencia tranquila. Sus respuestas no aclararon públicamente quién recibió el mensaje ni por qué se lo reenvió.
El correo provocó nuevas solicitudes para que se examinara el expediente y se determinara si el reenvío aportaba información que no se había considerado antes. El 4 de mayo de 2026, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) aceptó un referido para investigar a Roig. El caso también fue objeto de una nueva evaluación en Justicia.
Justicia mantiene archivado el caso de One Source
El Departamento de Justicia archivó la investigación sobre el contrato de One Source el 30 de octubre de 2025, al concluir que la evidencia recopilada no era suficiente para sostener cargos criminales.
Tras conocerse el correo dirigido a “Baby”, Hernández entregó documentación adicional para solicitar que se revisara la decisión. Justicia evaluó esos materiales y en mayo de 2026 determinó que no había base para recomendar la reapertura de la investigación.
Por separado, se evaluó un referido relacionado con posibles declaraciones falsas durante el proceso de confirmación de Roig. Ese asunto tampoco avanzó a una investigación criminal preliminar, al no identificarse evidencia suficiente de que hubiera intención de mentir.
Aunque Justicia mantuvo cerrado el caso penal, el correo de “Baby” continuó generando cuestionamientos políticos y éticos sobre la comunicación de Roig con una persona cuya identidad no aclaró públicamente. La investigación aceptada por la OEG constituyó un trámite separado, sin que al 22 de octubre de 2026 se hubiera anunciado una determinación final sobre ese proceso.
Un viaje a Nueva Orleans y una propuesta de $38.5 millones
En junio de 2026, trascendió que el 7 de diciembre de 2025 Roig viajó a Nueva Orleans junto a otros funcionarios para conocer el programa educativo Star Academy, propuesto por la empresa NOLA Education. El viaje se extendió hasta el 10 de diciembre y tuvo un costo de $7,610.80, pagado con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Ese mismo 10 de diciembre, NOLA quedó incorporada en Puerto Rico. Al día siguiente, Roig consultó con funcionarios federales si el programa podía financiarse con fondos TANF. La cercanía entre el viaje, la incorporación de la empresa y las gestiones para determinar si el proyecto cumplía con las reglas federales provocó cuestionamientos sobre cómo se manejó el proceso.
La propuesta contemplaba ofrecer servicios educativos en 25 escuelas públicas para unos 2,000 estudiantes, con un costo que podía alcanzar los $38.5 millones. El 20 de enero de 2026, el Departamento de la Familia notificó la adjudicación del proceso a NOLA. Mientras se evaluaba Star Academy, también surgieron señalamientos sobre otro acuerdo: uno de $300,000 con Strategic Technology Advisors para desarrollar una plataforma de capacitación para empleados.
El 20 de mayo de 2026, Blanca Medina, entonces administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), envió una carta a Roig en la que cuestionó el manejo del proceso de contratación y la posible utilización de fondos TANF. Medina advirtió que ADSEF no había participado en la evaluación ni adjudicación del contrato y que no existía una determinación final sobre la elegibilidad del proyecto para recibir esos fondos. La funcionaria también señaló que cualquier uso de dinero federal debía cumplir con los requisitos del programa y contar con las validaciones correspondientes. La comunicación representó una de las primeras alertas formales de Medina sobre el proyecto y el inicio de sus señalamientos.
El 4 de marzo de 2026, las autoridades federales advirtieron que no todos los componentes de Star Academy podían pagarse con fondos del programa TANF. Algunos podían ser permitidos, pero otros necesitaban más información o podían quedar fuera de las reglas federales. La respuesta puso en duda si el proyecto, valorado en hasta $38.5 millones, podía financiarse según lo propuesto.
La controversia también alcanzó el proceso de evaluación de las empresas. Blanca Medina, entonces administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), alegó posteriormente que recibió presiones para avanzar con el contrato, pese a sus dudas sobre la propuesta y el uso de fondos federales. También cuestionó la documentación disponible para evaluar a los participantes. Roig negó las acusaciones.
Aunque se notificó la adjudicación, no se llegó a formalizar un contrato con NOLA ni se desembolsaron fondos para pagar el programa, según sostuvo Roig. La diferencia entre anunciar la adjudicación y firmar un contrato se convirtió en un punto importante de la controversia, que continuó durante los meses siguientes.
Las denuncias llegan al Senado y a Justicia
Los cuestionamientos sobre los contratos continuaron durante el verano. El foco pasó de la propuesta de Star Academy a las decisiones tomadas para impulsar los acuerdos, la documentación disponible y las presuntas presiones denunciadas por Medina.
El 30 de septiembre de 2026, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, remitió a Justicia los señalamientos relacionados con NOLA Education y Strategic Technology Advisors. El referido buscaba que se investigaran las actuaciones denunciadas y se determinara si había base para otras medidas.
La controversia tomó mayor fuerza cuando Medina compareció bajo juramento ante el Senado el 7 de octubre. Allí expuso sus señalamientos sobre las gestiones para adelantar los contratos y las dudas que, según dijo, tenía sobre ambos acuerdos. Roig rechazó las imputaciones.
El Senado solicitó documentos adicionales a las dos funcionarias y fijó el 30 de octubre como fecha límite para entregarlos. Entre los asuntos bajo escrutinio están las propuestas, las evaluaciones de las empresas y las comunicaciones relacionadas con los contratos.
Justicia abre una investigación y una exempleada demanda a Roig
El 20 de octubre de 2026, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, anunció una investigación preliminar sobre las alegaciones de Medina. Dos fiscales fueron asignados al caso, con 90 días para examinar la evidencia y recomendar si procede referirlo a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).
Medina volvió a comparecer ante el Senado el 21 de octubre. Mientras tanto, seguía pendiente la entrega de los documentos solicitados por la comisión legislativa. Al 22 de octubre, no se había anunciado una conclusión definitiva de la investigación de Justicia.
La misma semana se sumó otra controversia. Blanca García, exdirectora regional del Departamento de la Familia en Arecibo, presentó una demanda civil contra el gobierno y cuatro funcionarios, incluida Roig. La reclamación solicita $1.35 millones por presunto hostigamiento laboral, discrimen, represalias y difamación.
García alega que recibió maltrato verbal, que se hicieron comentarios ofensivos sobre ella y que fue objeto de represalias en su trabajo. También cuestiona cómo la agencia manejó una queja administrativa que había presentado anteriormente. Roig sostuvo que no había sido emplazada oficialmente y afirmó que los hechos relacionados ya habían sido evaluados mediante los procesos administrativos de la agencia.
La demanda está pendiente y las acusaciones no han sido probadas ante un tribunal.
Un expediente con investigaciones abiertas y asuntos archivados
La controversia sobre One Source Investigations tuvo un desenlace distinto. Justicia archivó esa investigación en octubre de 2025 y, tras evaluar documentos adicionales en mayo de 2026, no recomendó reabrirla. Por separado, un referido relacionado con posibles declaraciones falsas durante la confirmación de Roig tampoco avanzó a una investigación criminal preliminar.
En cambio, las denuncias de Medina sobre los contratos de NOLA Education y Strategic Technology Advisors provocaron una nueva investigación preliminar de Justicia, además de gestiones ante el Senado y la Oficina de Ética Gubernamental. A esto se suma la demanda de García, que deberá resolverse en los tribunales.
Al 22 de octubre de 2026, estos asuntos seguían en distintas etapas. Los resultados de las investigaciones y las determinaciones oficiales serán los que permitan establecer si procede tomar otras medidas.
Una ausencia, reportes sobre un crucero y el anuncio de su salida
En medio de las controversias, Roig se ausentó de sus funciones para atender un compromiso familiar junto a su padre. El Departamento de la Familia explicó que se trataba de un asunto personal coordinado con anticipación y no de unas vacaciones. Durante su ausencia, la subsecretaria Evelyn Matos quedó a cargo de las operaciones de la agencia.
Sin embargo, medios de comunicación y fuentes que reportaron sobre el asunto señalaron que Roig había viajado en un crucero junto a su padre. Esos reportes trascendieron mientras se discutía su ausencia y la explicación ofrecida por la agencia.
El 16 de noviembre de 2026, Roig anunció que dejará el cargo el próximo 31 de diciembre. En sus declaraciones, indicó que tomó la decisión de manera libre, voluntaria y personal, y que ya se la había comunicado a la gobernadora Jenniffer González.
La funcionaria agradeció la oportunidad de dirigir el Departamento de la Familia y sostuvo que su tranquilidad y el bienestar de su familia estaban por encima de cualquier responsabilidad pública.
“Me retiro con la frente en alto, la conciencia tranquila y la certeza de haber hecho lo correcto durante todo el tiempo que he dirigido el Departamento de la Familia”, expresó.
Roig también indicó que esas serían sus únicas declaraciones públicas sobre el tema.
Su salida se producirá mientras continúan los procesos relacionados con los señalamientos sobre contratos y otras actuaciones durante su gestión.