Coccoloba demanda a Suzanne Roig por $2.5 millones y alega daños a su reputación
Coccoloba AgroEnvironmental y su presidente, Christian Torres, reclaman al menos $2.5 millones en una demanda contra LAP Consulting, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y otras partes, por presuntos daños a su reputación relacionados con el proceso de contratación de Star Academy.
La controversia se remonta a la iniciativa educativa que el Departamento de la Familia evaluó para atender el rezago académico de estudiantes en 25 escuelas públicas, mediante una inversión propuesta de hasta $38.5 millones provenientes de fondos federales del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
En diciembre de 2025, Roig invitó a Coccoloba a participar en el proceso. Sin embargo, el 8 de enero de 2026, la empresa respondió que no presentaría una propuesta porque los requisitos no correspondían a sus servicios de consultoría ambiental y manejo de árboles. En su comunicación, envió un folleto y un perfil de sus operaciones.
Pese a ello, LAP Consulting incluyó a Coccoloba en la evaluación y le asignó una puntuación de 24.7 %. La empresa cuestiona que su información se tratara como una propuesta y sostiene que esa situación afectó su reputación comercial.
El asunto cobró mayor relevancia durante las vistas del Senado sobre las presuntas irregularidades en el proceso de Star Academy. La exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Blanca Medina Díaz, alegó que recibió presiones para avanzar con la contratación de NOLA Education, compañía cuyo programa fue seleccionado inicialmente.
Roig ha defendido el manejo del proceso y ha sostenido que la información enviada por Coccoloba justificaba que la empresa fuera evaluada. No obstante, el Departamento de la Familia canceló la adjudicación en mayo de 2026, antes de formalizar un contrato o desembolsar fondos para el proyecto.
Como parte de la disputa, Coccoloba exige una compensación de al menos $2.5 millones y una rectificación pública. Las reclamaciones deberán evaluarse en el proceso judicial y no constituyen, por sí solas, determinaciones de responsabilidad.
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