101 profesores de Derecho solicitan a la gobernadora que vete la reforma judicial
Un grupo de 101 profesores de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica solicitó este jueves a la gobernadora que vete el Proyecto del Senado 1096, una medida que propone cambios a la estructura de gobierno y a la administración del Poder Judicial.
En una declaración conjunta, los académicos plantearon que el proyecto presenta posibles conflictos constitucionales y riesgos operacionales que podrían afectar la independencia judicial, la protección de los derechos y el acceso a la justicia.
Uno de sus principales señalamientos es que la medida transferiría al pleno del Tribunal Supremo facultades administrativas que, según sostienen, la Constitución de Puerto Rico asigna a la presidencia de ese organismo.
Los profesores argumentaron que la Constitución distingue entre la facultad del Tribunal Supremo para establecer las reglas de administración de los tribunales y la responsabilidad de su presidente de dirigir esa administración. A su juicio, el proyecto alteraría esa distribución de funciones sin una enmienda constitucional.
La declaración también advierte que la medida podría generar demoras, duplicidad de funciones y dificultades de coordinación en la administración de los tribunales. Además, señala que una estructura de decisiones más colegiada podría restar tiempo a los jueces del pleno para atender sus responsabilidades adjudicativas.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el impacto fiscal de la propuesta. Los académicos sostienen que los estimados considerados durante el trámite legislativo no evalúan suficientemente los costos asociados con la conversión de plazas de jueces municipales en plazas de jueces superiores, incluidos los gastos de personal, tecnología, instalaciones y otros recursos necesarios.
Los firmantes reconocieron la importancia de modernizar el sistema judicial, mejorar su eficiencia y promover la transparencia. Sin embargo, insistieron en que cualquier reforma debe responder a necesidades demostradas, contar con una evaluación amplia de sus consecuencias y respetar los límites constitucionales.
Por estas razones, solicitaron a la gobernadora que vete el Proyecto del Senado 1096 y promueva una evaluación más amplia de las reformas que necesita el sistema judicial de Puerto Rico.
