Prohibido en el Gobierno uso de frases con fines político partidistas

En 1995, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un precedente significativo al prohibir el uso de fondos públicos para la difusión de mensajes con connotaciones político-partidistas, en el caso Partido Popular Democrático versus Gobernador.

Esta decisión surgió al impugnarse el uso del lema «Compromiso Cumplido» en anuncios financiados por el gobierno durante la administración de Pedro Rosselló.

Aunque los anuncios pretendían informar sobre servicios gubernamentales, el Tribunal concluyó que representaban propaganda política encubierta.

La Corte enfatizó que la Constitución exige que el Estado mantenga una neutralidad absoluta frente a inquietudes político-partidistas y que no se puede utilizar el erario para promover la imagen de un partido o funcionario.

Según el fallo, la publicidad gubernamental es legítima siempre que su propósito sea informar y educar, pero es inconstitucional si busca influir en la opinión pública o destacar logros políticos mediante frases que se asocian a campañas.

Esta decisión plantea la cuestión de si es apropiado financiar iniciativas partidistas con recursos públicos.