Junta advierte que Ley 215 puede aumentar el riesgo de corrupción

En las últimas semanas, ha surgido un intenso debate en Puerto Rico sobre los poderes de la Junta de Control Fiscal, especialmente en relación a su influencia sobre la legislación local.

El Senado ha rechazado la presencia de la Junta y ha solicitado su disolución, pero pocas veces se discute su capacidad para vetar leyes como la Ley 215 de 2024, que facilita la asignación de contratos municipales sin subasta, elevando el límite de 100 mil a 200 mil dólares.

Esta ley ha sido criticada por la Junta por considerarse poco transparente y por no abordar la historia de corrupción en los municipios, donde al menos nueve alcaldes han sido acusados en los últimos cinco años.

La Junta advirtió que dicha legislación no se implementará a menos que cumpla con la Ley Promesa, evidenciando su control no solo sobre el presupuesto, sino también sobre la normativa fiscal.