Indignación ante ley que obliga a reevaluar anualmente los casos denegados por la Junta de Libertad Bajo Palabra

Zorimar Betancourt, presidenta de la Fundación Stefano, expresó su rechazo a la nueva ley relacionada con los procesos de libertad bajo palabra, señalando que las víctimas de delitos no fueron consultadas antes de su aprobación.

Betancourt, cuyo hijo fue asesinado en un carjacking hace 13 años, afirmó que la medida reabre heridas emocionales y obliga a familiares a revivir el trauma cada vez que deben comparecer ante la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Citó el caso de Alba Reyes, quien ha acudido en cinco ocasiones a vistas relacionadas con el asesino de su madre sin que se haya celebrado una audiencia efectiva.

Según explicó, aunque cree en la rehabilitación, la ley favorece al victimario y no garantiza plenamente los derechos y la estabilidad emocional de las víctimas.

Por su parte, abogados en el panel aclararon que la ley no reduce sentencias ni libera automáticamente a confinados, sino que establece un término anual para revisar solicitudes de libertad bajo palabra tras cumplir el mínimo requerido, que en algunos casos es de 25 años.

Indicaron que la intención es dar uniformidad al proceso, aunque reconocieron que existe preocupación pública y la necesidad de mayor orientación sobre el alcance real de la medida.