Zona Digital: Cómo la tecnología puede fiscalizar al gobierno
El abogado Jesús Manuel Ortiz planteó que el uso de la inteligencia artificial (IA) podría convertirse en una herramienta clave para fortalecer la transparencia en el Gobierno de Puerto Rico y prevenir posibles actos de corrupción antes de que ocurran.
Durante una entrevista, Ortiz explicó que estas tecnologías permiten analizar grandes volúmenes de información para identificar patrones que podrían alertar sobre irregularidades en los procesos de contratación gubernamental.
Según indicó, la inteligencia artificial puede detectar situaciones como posibles conflictos de interés, la concentración de múltiples contratos en una misma empresa o diferencias significativas en los precios adjudicados, facilitando que las autoridades intervengan de manera preventiva.
El abogado destacó que este tipo de herramientas ya se utiliza en jurisdicciones como la Unión Europea, así como en países como Brasil y el Reino Unido, donde sirven como apoyo para reforzar la supervisión de la contratación pública.
No obstante, advirtió que uno de los principales obstáculos para implementar un sistema similar en Puerto Rico es la calidad y organización de los datos gubernamentales.
Ortiz explicó que muchas agencias mantienen sistemas de información separados y poco compatibles entre sí, lo que dificulta cruzar datos e identificar patrones de forma eficiente.
Asimismo, criticó que gran parte de la documentación oficial continúe almacenándose en archivos PDF y en plataformas que no están integradas, lo que limita las capacidades de análisis automatizado.
Como alternativa, propuso desarrollar sistemas tecnológicos unificados que permitan compartir información entre las distintas dependencias gubernamentales, siempre incorporando salvaguardas para proteger la privacidad de los ciudadanos, reforzar la ciberseguridad y mantener la supervisión humana sobre los hallazgos que genere la inteligencia artificial.
Ortiz concluyó que la tecnología debe utilizarse como un mecanismo de apoyo para fortalecer la fiscalización y la transparencia en el manejo de los fondos públicos, sin sustituir el criterio y la evaluación de los funcionarios encargados de investigar posibles irregularidades.
