"Si no hubiese una ley PROMESA, en PR hubiera una catástrofe financiera"
El exmiembro de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF), Antonio Medina, y el expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, analizaron el impacto de la Ley PROMESA y el papel que ha desempeñado la Junta de Supervisión Fiscal durante la última década.
Durante una entrevista, ambos coincidieron en que la creación de la Junta representó una medida impopular y una imposición para Puerto Rico. No obstante, sostuvieron que, sin la aprobación de PROMESA, el país habría enfrentado una crisis financiera aún más severa.
Medina, quien formó parte de la Junta, recordó que el gobierno de Puerto Rico acudió al Congreso de Estados Unidos en busca de un mecanismo para reestructurar la deuda, luego de que los tribunales invalidaran la legislación local que pretendía atender la insolvencia del Estado.
Según explicó, al no existir entonces un proceso federal aplicable para el gobierno de Puerto Rico, PROMESA se convirtió en la herramienta que permitió iniciar una reestructuración ordenada de la deuda pública.
El exfuncionario también destacó que, durante el proceso, la Junta intervino en contratos de alto impacto fiscal, entre ellos el de New Fortress Energy, como parte de su función de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Asimismo, señaló que ya se han reestructurado 12 de las 13 emisiones de deuda contempladas en el proceso, quedando pendiente únicamente la correspondiente a la Autoridad de Energía Eléctrica (PREPA).
En cuanto al costo de la supervisión fiscal, Medina reconoció que el proceso ha representado un gasto estimado de entre $1,000 millones y $1,500 millones en honorarios y otros costos relacionados con la quiebra. Sin embargo, argumentó que la reestructuración ha generado ahorros superiores a los $75,000 millones, además de fortalecer la estabilidad fiscal del gobierno.
Añadió que esos resultados también han permitido preservar el pago de las pensiones y fortalecer las reservas económicas del país para enfrentar futuras contingencias.
Por su parte, Jesús Santa sostuvo que la estabilidad fiscal alcanzada durante los últimos años deberá sostenerse mediante un liderazgo responsable y el cumplimiento de mecanismos permanentes de disciplina fiscal, una vez concluya la supervisión de la Junta.
Durante la conversación también aclararon que los costos asociados al proceso de quiebra no corresponden únicamente a los gastos de la Junta de Supervisión Fiscal, sino que incluyen los honorarios legales y profesionales de todas las partes involucradas en los procesos judiciales de reestructuración.
Finalmente, ambos coincidieron en que el principal reto para Puerto Rico será conservar la disciplina fiscal y evitar que, una vez concluya la supervisión federal, se repitan las prácticas que llevaron al país a la crisis que dio origen a la aprobación de PROMESA.
