Robert Mujica: "La Junta se va a ir, pero las reformas deben permanecer"
El director ejecutivo de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF), Robert Mujica, afirmó que el presupuesto correspondiente al año fiscal 2026 podría convertirse en el primer presupuesto balanceado bajo la Ley PROMESA, aunque aclaró que esa determinación solo podrá confirmarse una vez se completen los estados financieros auditados del gobierno.
Durante una entrevista con Alexandra Lúgaro, Mujica explicó que un presupuesto no puede considerarse oficialmente balanceado hasta que concluya el año fiscal y se validen los resultados mediante una auditoría independiente.
En ese sentido, señaló que el presupuesto para el año fiscal 2027 también proyecta mantenerse en balance, pero enfatizó que aún es prematuro afirmar que ese objetivo ya se alcanzó.
«Hay que esperar a que cierre el año fiscal y se auditen los estados financieros«, sostuvo.
Presupuesto certificado por la Junta
Mujica también abordó la controversia en torno a las enmiendas al presupuesto del año fiscal 2026 y reiteró que la Junta certificó un presupuesto balanceado luego de que no se lograra un acuerdo entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Explicó que las modificaciones propuestas por la gobernadora Jenniffer González no fueron desarrolladas de manera conjunta con la Junta y que tampoco existió consenso con la Legislatura.
Según indicó, el organismo estableció varias fechas límite para recibir una propuesta acordada entre las partes; sin embargo, esos plazos vencieron sin que se alcanzara un consenso, por lo que la Junta procedió a certificar el presupuesto antes del cierre del año fiscal.
Añadió que las acciones posteriores, incluidos los vetos de línea emitidos por la gobernadora, no modifican el presupuesto certificado por la Junta, al tratarse de decisiones adoptadas después de que el organismo completara ese proceso.
¿Cuándo saldrá la Junta?
Sobre el futuro de la Junta de Supervisión Fiscal, Mujica rechazó la idea de que el organismo busque permanecer indefinidamente en Puerto Rico.
Aseguró que la Junta eventualmente concluirá sus funciones, pero advirtió que la prioridad es garantizar que las reformas fiscales implementadas permanezcan una vez finalice la supervisión federal.
El funcionario explicó que la Ley PROMESA establece varios requisitos para la salida de la Junta, entre ellos la aprobación de cuatro presupuestos balanceados consecutivos, la recuperación del acceso del gobierno a los mercados de crédito, el mantenimiento de reservas fiscales adecuadas, el control del gasto público y la implantación de reformas permanentes que aseguren la estabilidad financiera.
«La Junta se va a ir. La verdadera pregunta es si la estabilidad que existe hoy permanecerá cuando ya no estemos«, expresó.
Asimismo, recordó que muchos de los funcionarios que actualmente ocupan posiciones en el gobierno participaron en decisiones que contribuyeron a la crisis fiscal que desembocó en la aprobación de PROMESA.
Defiende el costo del organismo
Mujica también respondió a las críticas sobre el costo operacional de la Junta de Supervisión Fiscal y argumentó que el organismo ha generado beneficios económicos para Puerto Rico mediante la reestructuración de la deuda pública.
Según sostuvo, aunque el funcionamiento de la Junta representa un gasto para el erario, los acuerdos alcanzados durante el proceso de reestructuración han producido ahorros netos significativos, lo que, a su juicio, justifica la inversión realizada durante estos años.
Finalmente, reiteró que el objetivo de la Junta no es prolongar su permanencia en la Isla, sino dejar una estructura fiscal sostenible que permita al gobierno mantener el equilibrio presupuestario y evitar que Puerto Rico vuelva a enfrentar una crisis financiera similar a la que dio paso a la aprobación de PROMESA.
