A 10 años de la Junta de Control Fiscal: ¿Se ha logrado la responsabilidad fiscal?
El exmiembro de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF), Antonio Medina, y el expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, analizaron el panorama fiscal del país y el proceso para consolidar presupuestos balanceados bajo la Ley PROMESA.
Durante una entrevista, ambos discutieron las expresiones de que Puerto Rico habría alcanzado dos presupuestos balanceados consecutivos y coincidieron en que esa evaluación debe hacerse una vez concluya la ejecución del año fiscal.
Medina explicó que un presupuesto puede comenzar balanceado sobre el papel, pero es necesario esperar al cierre del año para confirmar que los ingresos y gastos se comportaron conforme a lo proyectado.
El exintegrante de la Junta contextualizó que, durante los casi diez años de vigencia de PROMESA, solo un presupuesto ha podido consolidarse completamente debido a eventos extraordinarios que alteraron las finanzas del país, entre ellos el huracán María y la pandemia del COVID-19.
No obstante, destacó que en ese periodo también se han registrado avances importantes, como la culminación de 12 de las 13 quiebras contempladas dentro del proceso de reestructuración y una mejor posición de Puerto Rico para recuperar el acceso a los mercados financieros.
Por su parte, Jesús Santa resaltó la importancia de continuar fortaleciendo las medidas de responsabilidad fiscal para evitar que el gobierno vuelva a enfrentar escenarios de crisis económica.
Durante la conversación también se abordaron iniciativas legislativas dirigidas a reforzar la estabilidad de las finanzas públicas, entre ellas la creación de una reserva de capital para inversiones en infraestructura y el establecimiento de una reserva presupuestaria anual equivalente al 1.4 %, con el objetivo de alcanzar gradualmente un 13.5 % del presupuesto.
Según explicaron, estas reservas permitirían al gobierno responder con mayor flexibilidad ante emergencias o reducciones en los ingresos, minimizando el impacto sobre los servicios esenciales que recibe la ciudadanía.
Finalmente, ambos coincidieron en que la disciplina fiscal y el cumplimiento de mecanismos permanentes de control serán determinantes para preservar la estabilidad financiera del gobierno una vez concluya el proceso de supervisión establecido por PROMESA.