Junta de Supervisión Fiscal regaña al Departamento de Educación por mal manejo de fondos
El gasto en servicios de Educación Especial y transporte escolar en Puerto Rico ha superado de forma recurrente las partidas asignadas en el presupuesto, obligando al gobierno a solicitar reasignaciones de fondos en varias ocasiones durante el año fiscal.
Según datos oficiales, el problema no radica en la falta de recursos, sino en deficiencias administrativas del Departamento de Educación y en la ausencia de controles efectivos sobre contratos y facturación, particularmente con unas 159 entidades privadas que ofrecen servicios especializados.
Actualmente, de una matrícula aproximada de 235 mil a 240 mil estudiantes, alrededor de 109 mil están clasificados en Educación Especial. De estos, unos 89 mil reciben servicios dentro del sistema público con un costo promedio anual de 7 mil dólares por estudiante.
Sin embargo, cerca de 2,400 alumnos con necesidades complejas requieren servicios altamente especializados cuyo costo promedio asciende a 50 mil dólares anuales por estudiante.
Aunque la población estudiantil se redujo en 18 % entre 2010 y 2026, los costos aumentaron 102 %, generando una presión presupuestaria significativa.
La Junta de Supervisión Fiscal envió una carta de 11 páginas señalando fallas gerenciales y exhortando a establecer controles más estrictos y contratos multianuales de costo fijo. Legisladores y expertos advierten que, si no se reprograman fondos y se prioriza adecuadamente la educación especial, el problema se repetirá cada año, afectando directamente a estudiantes que tienen un derecho constitucional a recibir estos servicios.
