Escándalo en Arecibo: denuncian condiciones infrahumanas en hogar clandestino
Un presunto caso de maltrato institucional en un hogar clandestino para adultos mayores en el barrio Hato Arriba, en Arecibo, ha provocado indignación pública y reavivado el debate sobre la supervisión de los centros de cuido en Puerto Rico.
Las imágenes divulgadas del lugar muestran a 13 adultos mayores viviendo en condiciones de hacinamiento dentro de dos habitaciones. Según la denuncia, varios residentes no contaban con camas y dormían en el piso, mientras las instalaciones presentaban condiciones insalubres, alegados brotes de sarna y escasez de alimentos.
La Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada confirmó que el Departamento de la Familia había realizado una inspección previa en la propiedad, durante la cual identificó múltiples irregularidades y determinó que el hogar operaba sin la licencia requerida.
No obstante, durante esa intervención únicamente fueron trasladados tres residentes que recibían subsidios gubernamentales, mientras los demás permanecieron en las instalaciones.
Posteriormente, las autoridades ordenaron el cierre del centro por operar sin los permisos correspondientes.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la respuesta de las agencias encargadas de velar por el bienestar de las personas de edad avanzada, particularmente en torno a la supervisión de hogares que funcionan al margen de la reglamentación vigente.
Durante la discusión también se planteó la posibilidad de que los propietarios del hogar enfrenten consecuencias legales, de confirmarse violaciones a las leyes aplicables. Asimismo, se señaló que las autoridades podrían evaluar la responsabilidad de familiares en aquellos casos donde existan indicios de abandono o negligencia hacia los adultos mayores.
Los panelistas coincidieron en que la situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, agilizar las inspecciones y garantizar que todos los centros de cuido cumplan con los requisitos establecidos para proteger la salud, la seguridad y la dignidad de esta población.
El caso permanece bajo la atención de las autoridades, mientras continúa la evaluación de las condiciones en que se encontraban los residentes y las posibles acciones administrativas y legales que pudieran surgir como resultado de la investigación.
