El costoso retraso energético: ¿Perderá Puerto Rico millones en fondos federales?
A 45 días de la fecha límite federal, Puerto Rico enfrenta una decisión crucial para asegurar millonarios incentivos destinados a proyectos de energía solar industrial.
En septiembre de 2025, la gobernadora Jenniffer González firmó una orden ejecutiva para acelerar la aprobación de 1,300 megavatios de energía solar bajo la ley federal One Big Beautiful Bill Act.
Aunque la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía han autorizado los contratos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aún no culmina el proceso administrativo.
La ley exige que los proyectos estén en construcción antes del 4 de julio de 2026 para recibir los créditos contributivos.
La integración de esta capacidad renovable reduciría la dependencia del petróleo —que representa el 30% de la generación, pero el 60% del costo en factura—, generaría ahorros estimados de 191 millones de dólares en 18 a 24 meses y podría bajar hasta 9 centavos por kilovatio hora en los próximos años.
Además, ayudaría a disminuir apagones y emisiones.
La falta de acción de la AEE pone en riesgo estos beneficios y mantiene al país atado a un sistema costoso y contaminante.
