Datos revelan la realidad que hay detrás de todas las controversias en Corrección
En los últimos días han surgido dos controversias relevantes en el Departamento de Corrección de Puerto Rico. La primera se relaciona con un reportaje de ProPublica que alega que en 2024 hubo una negociación de drogas a cambio de votos entre políticos y confinados.
La gobernadora y el actual superintendente de la Policía, Joseph González, rechazaron las acusaciones, señalando inconsistencias en fechas y el uso de fuentes anónimas sin evidencia documental pública.
No se ha presentado prueba que vincule a partidos políticos con un esquema de intercambio de votos por drogas. Datos oficiales indican que las confiscaciones de drogas y celulares en cárceles aumentaron de 3.4 millones de dólares en 2024 a casi el doble en 2025.
La segunda controversia involucra el pleito entre el Departamento de Corrección y la empresa Physician Correction.
Surgió un documento interno que el propio Departamento reconoce como auténtico, donde se elogia el desempeño de la empresa, en aparente contradicción con la impugnación contractual vigente.
Corrección aseguró que entregará voluntariamente el documento solicitado, aunque el litigio continúa mientras se pagan 12.7 millones de dólares y se evalúan entre tres y cinco finalistas para sustituir a la compañía, sin fecha definida para adjudicar el nuevo contrato.
