Ciudadanos se expresan ante proyecto que prohíbe cambio de género en menores
El proyecto del Senado 350 de Puerto Rico, promulgado por la gobernadora Jenniffer González, busca prohibir cualquier terapia hormonal o quirúrgica de afirmación de género en menores de 21 años.
La ley establece penalidades severas, incluida la posibilidad de 15 años de reclusión y multas de 50 mil dólares para quienes la violen.
Esta legislación ha generado un intenso debate público: muchos creen que los menores no tienen la madurez para tomar decisiones sobre su cuerpo, mientras que otros argumentan que la ley puede interferir con decisiones entre médicos y pacientes.
Expertos como el doctor Carlos Díaz y la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social han cuestionado la claridad y la intromisión del gobierno en la relación médico-paciente.
Algunas voces resaltan que en el ámbito médico no hay un consenso claro sobre los tratamientos y que evidencias en países europeos han llevado a la suspensión de ciertas terapias, lo que complica aún más el panorama.
Además, existe preocupación sobre el impacto en jóvenes que ya estaban en tratamientos, generando incertidumbre sobre su continuidad.
El debate continúa en Puerto Rico, reflejando una división significativa en la opinión pública respecto a la protección de menores y la autonomía en decisiones de salud.
