Soto Aguilú asegura que fianza para impugnar permisos busca evitar pleitos frívolos
La gobernadora defendió una nueva ley que ha generado preocupación entre ambientalistas y organizaciones comunitarias, quienes advierten que la medida podría limitar el acceso a la justicia para quienes no cuenten con los recursos económicos para pagar una fianza.
La senadora del Partido Nuevo Progresista, Roxanna Soto Aguilú, y la representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos, expusieron posturas encontradas sobre el alcance de la legislación.
Soto Aguilú defendió su voto a favor de la medida al explicar que está basada en el concepto de “afianzamiento” o fianza, una figura que, según indicó, existe en Puerto Rico desde hace décadas para recursos extraordinarios. La senadora sostuvo que el propósito es evitar pleitos frívolos cuando se intenta paralizar en los tribunales un proyecto de construcción que ya cuenta con permisos.
Según explicó, en los casos donde exista un interés personal o propietario, la fianza mínima sería de un 10%. Además, mencionó el caso de Paseo Caribe como ejemplo de controversias judiciales relacionadas con proyectos de desarrollo, y adelantó que se contemplan enmiendas para excluir de la aplicación de la ley a entidades gubernamentales y municipios.
Por su parte, Burgos defendió su voto en contra al entender que la medida coarta derechos ciudadanos al condicionar las impugnaciones judiciales al pago de una fianza. La legisladora sostuvo que, si el sistema de permisos fuera más riguroso y menos influenciado por favoritismos, habría menos necesidad de acudir a los tribunales para detener proyectos cuestionados.
A pesar de sus diferencias, ambas coincidieron en la importancia de encontrar un balance entre el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales en Puerto Rico.
