Denuncian posible discrimen tras cancelación de actividad de religión yoruba en Carolina
Miembros de la religión yoruba denunciaron la cancelación de una actividad religiosa que se llevaría a cabo en un espacio público del municipio de Carolina y cuestionaron el trato recibido por parte de la administración del lugar.
Según los denunciantes, el evento había sido contratado para realizarse el 3 de julio, con una ceremonia que incluiría toques de tambor en honor a Shangó y Oyá. Una abogada consultada señaló que la libertad religiosa está protegida constitucionalmente, independientemente de que se trate de una religión mayoritaria o minoritaria, y advirtió sobre posibles reclamos legales.
De acuerdo con el testimonio ofrecido en televisión, el contrato para realizar la actividad fue firmado el 4 de diciembre de 2025. Sin embargo, el 3 de julio, varias personas alertaron a través de redes sociales que el evento había sido cancelado.
Al acudir al lugar para solicitar explicaciones, los organizadores fueron referidos al administrador, Luis Reyes. Según relataron, este no ofreció una hora específica para atenderlos y respondió que se comunicaría con ellos “cuando tuviera tiempo”.
Posteriormente, el administrador habría explicado que la cancelación respondía a supuestas amenazas publicadas en redes sociales y a razones de seguridad.
El programa intentó obtener una reacción oficial del municipio de Carolina, pero al momento de la entrevista no había recibido respuesta.
Una abogada consultada explicó que tanto la Constitución de Puerto Rico como la Ley de Libertad Religiosa protegen el ejercicio del culto sin establecer distinciones entre religiones, incluyendo aquellas que no son mayoritarias. Añadió que, dependiendo de las circunstancias, podrían evaluarse reclamos relacionados con la libertad religiosa, la libertad de expresión y un posible incumplimiento de contrato.
Por su parte, un sacerdote entrevistado señaló que las actividades religiosas católicas que se realizan en espacios públicos suelen contar con apoyo de las autoridades, lo que plantea cuestionamientos sobre el trato equitativo y la posibilidad de discriminación hacia otras expresiones religiosas.
