Análisis de una década bajo la Ley PROMESA

Hoy se cumplen 10 años desde la entrada en vigor de la ley PROMESA, medida que dio paso a la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico.

En un panel de análisis, Eva Prados, Vanesa Contreras y Jocelyn Velázquez sostuvieron que, a una década de su implementación, el país no está mejor.

Señalaron que, aunque se ha reducido parte de la deuda, la carga sigue siendo alta y el costo social ha sido considerable, afectando servicios esenciales.

Denunciaron recortes y consecuencias directas en la calidad de vida: cierres de escuelas, reducción del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, aumento de matrícula, impacto a las pensiones y estancamiento salarial, especialmente para la clase trabajadora.

Además, cuestionaron que se priorice el pago a bonistas —incluyendo cifras millonarias en pagos y gastos de asesoría legal— mientras persisten la precariedad y la migración.

Reclamaron auditar la deuda por posibles ilegalidades y plantearon que sin un plan de desarrollo económico, los presupuestos “balanceados” no resolverán la crisis.

Como respuesta, convocaron a una manifestación, hoy, martes, a las 4:00 p. m. frente a la Junta de Control Fiscal.