Aprueban proyecto que obliga evaluaciones dentales anuales a adultos mayores en centros de cuido
El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR) celebró la aprobación del Proyecto del Senado 145 por parte de la Cámara de Representantes, una medida que obliga a los centros de cuidado prolongado a garantizar exámenes dentales al ingreso y una revisión oral anual a toda persona bajo su custodia. La entidad urgió, además, a la Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, a convertir la medida en ley con su firma.
La legislación, impulsada por la senadora Wandi Soto en colaboración con el CCDPR, enmienda la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada para hacer obligatorio que los centros de cuido, asilos o instituciones similares documenten un examen oral en el expediente de cada residente, con un máximo de 60 días de retroactividad desde su ingreso, y mantengan una evaluación bucal al menos una vez al año, certificada por un dentista autorizado.
“Esta legislación reconoce que la salud oral es un componente esencial del bienestar integral de nuestros adultos mayores. Celebramos su aprobación y exhortamos respetuosamente a la gobernadora Jennifer González Colón a firmarla. Esta medida está alineada con su política pública de promover el bienestar de esta población que tanto ha aportado al desarrollo de nuestra Isla”, expresó la doctora Ivette Rodríguez, presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas.
Está explico que el proyecto surge luego de que los dentistas identificaran decenas de adultos mayores con condiciones en la boca, incluyendo cáncer oral, a raíz de una iniciativa creada por el CCDPR para dar servicio voluntario a hogares que atienden a esta población. A esta se sumó las inquietudes de la senadora Soto, autora del proyecto, para atender a este sector.
El proyecto también faculta al Departamento de la Familia, en coordinación con el CCDPR, a establecer protocolos y mecanismos logísticos que aseguren el cumplimiento de esta política pública. Entre las medidas contempladas se incluye la posibilidad de clínicas gratuitas, visitas domiciliarias y otros modelos de acceso para residentes con movilidad limitada.
“Agradecemos a la senadora Wandi Soto y a los legisladores de ambos cuerpos que apoyaron una legislación tan necesaria. Nuestros adultos mayores merecen servicios de salud oral dignos y accesibles. Este es un paso importante hacia la equidad en salud y la prevención de otras condiciones asociadas con la salud dental”, añadió la también dentista pediátrica.
Como parte de los requisitos para obtener o renovar la licencia de operación, las instituciones deberán cumplir con la inclusión de los exámenes dentales requeridos. La ley permite un margen de hasta 60 días posteriores al ingreso del residente para realizar el examen, dependiendo de sus condiciones particulares de salud, sin que esto afecte su admisión o permanencia en la institución.
