Buscan seguridad en la terminación de embarazos

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) aceptaría un proyecto de ley sustitutivo, adecuadamente diseñado para propiciar la salud y seguridad de las mujeres que se sometan a procedimientos de terminación de embarazo, por lo que se opone al Proyecto del Senado 591 durante la cuarta vista pública celebrada el jueves por la Comisión de Asuntos de las Mujeres, presidida por la senadora Migdalia González Arroyo.

La OPM considera que la medida, tal como está redactado, tendría el efecto de propiciar los abortos clandestinos, insalubres y peligrosos para las mujeres.

“Nuestra objeción al P. del S. 591 es su extrema vaguedad y su carencia completa de guías o estándares para seleccionar la información que le sería provista a las mujeres en las clínicas de aborto”, señaló Richard García en representación de la OPM, sobre la pieza legislativa para crear la “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida”, de los senadores Keren Riquelme y Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La OPM, aclaró, estaría en posición de considerar favorablemente un proyecto de ley sustitutivo al P. del S. 591.

“Muy respetuosamente entendemos que el P. del S. 591, tal como está redactado, no logrará satisfacer esos propósitos y, al contrario, tendría el efecto de propiciar los abortos clandestinos, insalubres y peligrosos para las mujeres, especialmente para las menores emancipadas”, afirmó García a la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado.

La senadora González Arroyo preguntó al deponente si conoce que en los centros de terminación de embarazo no se esté cumpliendo con el procedimiento establecido por el Departamento de Salud.

García respondió no conocer de alguna situación en particular, a la vez que mencionó que las clínicas están altamente reguladas en el aspecto salubrista por el Departamento de Salud y no entiende que sobre regular lo ya establecido vaya a redundar en lo positivo.

González cuestionó si la OPM ha revisado el reglamento del Departamento de Salud a esos fines, a lo que García manifestó que la entidad ha hecho una revisión del reglamento y dentro de lo que se conoce generalmente en la medicina cumple con lo dispuesto.

Añadió que gran parte de lo que está en el proyecto ya está redactado en la ley existente.

También participaron como deponentes la organización Taller Salud, la cual se expresó en contra de la medida, por considerar que “no protege ni salvaguarda la salud de las mujeres e impone obstáculos indebidos tanto a pacientes como a proveedores de servicios de salud”.

“Además, el proyecto falla en demostrar su necesidad, se sustenta en problemas de salud pública inexistentes y viola el derecho a la salud y a la intimidad de las personas jóvenes. Por lo tanto, reafirmamos nuestra oposición a este proyecto y a cualquier política pública que pretenda regular los cuerpos de las mujeres y personas gestantes; y limitar su autonomía”, sostuvo Tania Rosario, directora ejecutiva de Taller Salud.

En iguales términos, se expresaron la directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Milagros Méndez, y la catedrática María de los Ángeles Escudero.

“Unánimemente nos oponemos a la aprobación del Proyecto del Senado 591. Entendemos que la aprobación del mismo constituye una interferencia indebida al derecho de las mujeres menores y mayores en Puerto Rico a decidir sobre su cuerpo. En el estado de derecho actual, desde la decisión histórica de Roe v. Wade, las mujeres tienen el derecho constitucional respecto al aborto”, destacó Méndez.

Igualmente, indicó que “entendemos que la Ley debe permanecer tal como está en este momento. Esto es, una que mantiene bajo estricta confidencialidad el aborto y la mujer que se lo realiza, menor o mayor. En la actualidad la menor no tiene que llevar consentimiento de padres o tutores”.

De otra parte, el presidente de la Asociación ProVida de Puerto Rico, Carlos Sánchez, dijo favorecer la aprobación del PS 591 y expuso ante la Comisión sobre varios casos donde mujeres perdieron la vida en el proceso en una clínica de terminación de embarazo haciendo referencia al año 1992.

“Esta legislación es necesaria para proteger menores contra su inmadurez, promoviendo la unidad familiar como una entidad socialmente viable y detendrá los abusos en las consejerías de los centros abortivos”, indicó Sánchez en su turno como deponente.