Supremo evalúa impugnación a la extensión del contrato de LUMA
La controversia por la extensión del contrato de LUMA Energy entró en una etapa decisiva ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
La administración de la gobernadora Jennifer González solicitó invalidar el acuerdo por presuntas fallas en el proceso de aprobación y firma durante el gobierno de Pedro Pierluisi.
La impugnación no responde a señalamientos de incumplimiento operacional por parte de LUMA, sino a cuestionamientos sobre si se cumplieron los requisitos legales para extender el contrato.
Según explicó Antonio Medina, exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el organismo presentó un escrito de amicus curiae en el que se opone a la anulación por los fundamentos planteados por el gobierno. Entre sus argumentos, la Junta advirtió que no existe, por el momento, un plan claro y viable para sustituir al operador actual.
Además, sostuvo que devolver a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la responsabilidad de la transmisión y distribución eléctrica sería incompatible con la Ley 120 y el plan fiscal. También alertó sobre posibles consecuencias financieras, incluidos pagos de cientos de millones de dólares y atrasos en proyectos financiados con fondos federales.
La Asociación de Industriales también presentó un escrito de amicus curiae en contra de la anulación. Su argumento se basa en el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, al señalar que, tras cuatro años de operación, invalidar el acuerdo afectaría la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas.
Medina indicó que el caso se atiende con urgencia, aunque la fecha de una determinación dependerá del Tribunal Supremo.
El experto añadió que entre los documentos presentados figura una opinión legal externa que, según explicó, apunta a que la administración anterior buscó validar el proceso mediante el cual se firmó la extensión del contrato.
