Senado exige a Justicia acceso a expedientes tras archivo masivo de casos de corrupción
Una orden administrativa firmada en el Departamento de Justicia provocó el archivo de más de 200 investigaciones por presunta corrupción pública, incluyendo al menos 229 expedientes, lo que ha generado controversia y un creciente choque entre la agencia y el Senado de Puerto Rico.
Entre los casos cerrados figura una pesquisa relacionada con la secretaria del Departamento de la Familia, Susanne Roig. Ante el alcance de la medida, el Senado solicitó acceso a los documentos y detalles de las investigaciones archivadas; sin embargo, Justicia se ha negado a entregarlos alegando razones de confidencialidad y manejo interno.
La controversia cobra mayor relevancia debido a que el término concedido a la agencia para responder al requerimiento legislativo vence este lunes. Durante el fin de semana se otorgó una extensión adicional de 48 horas, luego de que la petición original fuera presentada desde abril.
Legisladores advirtieron que, de mantenerse la negativa, no descartan acudir al tribunal para intentar obtener la información solicitada. Mientras tanto, aumenta la presión política y legal para conocer qué funcionarios estaban bajo investigación, cómo surgieron las querellas y la gravedad de las alegaciones contenidas en los expedientes.
Además, se busca esclarecer cómo una sola orden administrativa pudo derivar en el cierre masivo de investigaciones y cuáles serían las implicaciones públicas y legales si esos documentos finalmente salen a la luz.
