Rodríguez Veve pide indagar sobre posibles fallas en la prestación de servicios de aborto en la isla
Un nuevo referido al Departamento de Justicia, presentado por la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve, ha reactivado el debate sobre la fiscalización de los servicios de aborto en Puerto Rico.
La legisladora sometió un análisis basado en datos del Departamento de Salud correspondientes al periodo 2022-2025, en el que solicita investigar posibles irregularidades en la prestación de estos servicios en varias clínicas del país.
El documento establece que, bajo el marco legal vigente, el aborto es considerado delito salvo cuando exista una indicación terapéutica previa, emitida por un médico autorizado y debidamente documentada para proteger la vida o la salud de la paciente.
Sin embargo, según la información citada, el Departamento de Salud no pudo certificar la existencia de dicha indicación en los expedientes revisados.
Las auditorías incluidas en el análisis señalan hallazgos en tres de cuatro clínicas evaluadas, entre ellos expedientes sin información del médico o número de licencia, así como registros con anotaciones médicas ilegibles en su totalidad en uno de los casos.
El referido también destaca un aumento significativo en los procedimientos reportados por una de las clínicas entre 2022 y 2024.
Por su parte, sectores defensores de la justicia reproductiva reiteraron que el aborto es un servicio de salud legal y regulado, y cuestionaron el momento del referido, realizado a un día de una marcha en apoyo a la justicia reproductiva.
