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Lisie Burgos demanda a Rafael "Tatito" Hernández y otras figuras por uso obligatorio de mascarillas

febrero 12, 2024

La representante de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, presentó hoy, lunes ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud de Sentencia Declaratoria, Entredicho Preliminar y Permanente en contra del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, el Administrador de dicho cuerpo legislativo; Manuel Díaz Espino, el Sargento de Armas de la Cámara de Representantes; Luis Ramos Rivera, y su Secretario, Javier Gómez Cruz, que solicita se declare inconstitucional la orden administrativa que implementa la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todas las facilidades del cuerpo legislativo.

“Tal proceder es una violación a los derechos de las minorías y una violación al libre ejercicio de la expresión política en el recinto donde el Estado debe salvaguardar la más amplia protección de este derecho. Apoyar el proceder del presidente de la Cámara, y los demás demandados, constituye un nefasto precedente para los miembros de esta Cámara de Representantes, que estoy segura en un futuro podrían sufrir en carne propia la restricción de derechos en el ejercicio de sus funciones que hoy Yo he decidido defender. Esperamos que el Honorable Tribunal atienda con premura nuestro reclamo y evite que siga siendo atropellado mi derecho como legisladora electa, el de todos mis compañeros legisladores, así como el de nuestros constituyentes, a los cuales represento”, explicó Burgos Muñiz en declaraciones escritas.

El presidente del PD, Javier Jiménez, también se expresó sobre el recurso legal presentado por la legislaora.

“Lisie, en su capacidad de representante elegida por el pueblo, es portavoz en la Cámara de Representantes de la minoría política que representa a Proyecto Dignidad, y como legisladora ha sido una defensora, mediante legislación y mediante el debate en las comisiones, y en el hemiciclo, de una política pública contraria a la imposición mediante ordenes administrativas y ejecutivas de la obligatoriedad de mascarillas y vacunas, promoviendo que el Estado implemente una política pública de educar a la ciudadanía y proveer la información certera y fidedigna a su haber, permitiendo que la ciudadanía tome decisiones informadas sobre su salud”, indicó el también alcalde de San Sebastián.

Al mismo tiempo, describió la determinación del presidente cameral como una ridícula, irresponsable y abusivo.

“La exigencia impuesta por el presidente de la Cámara que obliga al uso de mascarillas bajo la actual coyuntura, carece de justificación alguna y del más mínimo sentido de razonamiento lógico. Es un acto no solo ridículo e irresponsable sino profundamente abusivo y atropellarte que lacera los más elementales principios de derechos civiles y libertades democráticas de todos los ciudadanos, garantizados por nuestra constitución. Así también, la arbitrariedad de este mandato revela un desprecio total por el derecho de las minorías en la Cámara al colocar a la representante en la posición de escoger entre ejercer sus funciones o actuar contrario a su conciencia y creencias políticas, y las de aquellos que representa con su voz y voto en el proceso legislativo ante la Cámara de Representantes”, añadió Jiménez.