Legisladoras de Proyecto Dignidad demandan al gobernador Pedro Pierluisi

Las portavoces de Proyecto Dignidad en la Asamblea Legislativa, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz, presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, una solicitud de interdicto preliminar y permanente como medida para frenar la “constante usurpación” de poderes por parte del gobernador Pedro R. Pierluisi, al implementar órdenes ejecutivas relacionadas al manejo del Covid-19 que rebasan los poderes delegados.

“Luego de un análisis de nuestro estado de derecho, sostenemos que el gobernador, a través de las órdenes ejecutivas impugnadas, está usurpando el poder de la Asamblea Legislativa, por lo que las acciones del Ejecutivo menoscaban nuestras prerrogativas constitucionales como legisladoras”, expresó la senadora Rodríguez Veve.

Por su parte, Burgos Muñiz dijo que “acudimos ante el foro judicial con una petición para que se ordene un alto a la gobernanza por decretos por parte del Ejecutivo. Estoy en récord, pronunciándome sobre la inconstitucionalidad de las órdenes ejecutivas contra el Covid-19 que violentan el principio de separación de poderes y los derechos individuales fundamentales”.

Para las legisladoras de Proyecto Dignidad, las órdenes ejecutivas no solo violentan la separación de poderes, sino que responden a una errada interpretación de la delegación de poderes que trastoca y debilita el sistema republicano de gobierno.

La representante subrayó que “todo lo auscultado en derecho indica que imponer la vacunación contra el Covid-19 de manera compulsoria como condición para ir a estudiar, viajar, tener acceso a diversos servicios y, como si fuera poco, trabajar, es una interpretación errada a la delegación de poderes contenida en la Ley 20 de 2017”,

Rodríguez Veve puntualizó que la vacunación contra el COVID-19 “no puede justificar un atentado contra el diseño constitucional de la separación de poderes que le permita al gobernador extralimitarse en el ejercicio del poder, con el efecto de anular, de facto, el deber ministerial que nos corresponde a los integrantes de la Asamblea Legislativa”.

Ambas legisladoras se mostraron preocupadas por el “silencio” de los integrantes de la Asamblea Legislativa ante la “clara” usurpación de poderes y exhortaron a los demás legisladores a unirse al reclamo presentado ante el foro judicial “en defensa de la estabilidad democrática de Puerto Rico”.