Justicia afirma confidencialidad de memorandos e informes fiscales tras petición de Senado
El Departamento de Justicia informó este martes los fundamentos constitucionales y estatutarios que, según la agencia, impiden la entrega de borradores, memorandos de archivo e informes internos de fiscales solicitados mediante la Petición de Información 2026-0063 del Senado de Puerto Rico.
La subsecretaria del Departamento de Justicia, Annette Esteves Serrano, indicó que la postura oficial de la agencia responde a la necesidad de proteger el debido proceso de ley, así como la confidencialidad del sumario fiscal.
Según explicó la funcionaria, bajo la dirección de la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, la agencia implementó un Plan de Acción Correctiva mediante la Orden Administrativa 2025-09 para atender el rezago de casos en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).
De acuerdo con Justicia, entre septiembre de 2025 y abril de 2026 se logró el despacho y resolución de 189 casos pendientes, para un total aproximado de 229 casos atendidos desde el inicio del esfuerzo correctivo en junio de 2025.
“El rendimiento y la agilización de la DIPAC están validados con datos y estadísticas claras que reflejan nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Ahora bien, las órdenes de cierre y los informes de los fiscales no son documentos de libre divulgación”, expresó Esteves Serrano en declaraciones escritas.
La subsecretaria sostuvo que divulgar dichos documentos expondría estrategias legales y evaluaciones de evidencia utilizadas por fiscales, lo que podría afectar futuras investigaciones criminales y casos activos.
Justicia fundamentó su negativa en cuatro pilares jurídicos principales:
- El privilegio del proceso deliberativo, protegido bajo la Regla 514 de Evidencia.
- El privilegio de producto de trabajo (“work product”), contemplado en la Regla 505(A)(2) de Evidencia.
- La protección de derechos fundamentales de testigos, víctimas y personas investigadas.
- Disposiciones de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, la Ley de Datos Abiertos y reglamentos internos de la agencia.
Asimismo, la funcionaria señaló que la confidencialidad del sumario fiscal es una práctica reconocida tanto en Puerto Rico como en el ámbito federal bajo las exenciones del Freedom of Information Act (FOIA).
Finalmente, Esteves Serrano aseguró que el Departamento continuará colaborando con el Senado mediante la entrega de información estadística relacionada con su gestión, aunque reiteró que mantendrán protegidos los documentos internos vinculados a investigaciones fiscales.
