Cuestionan nombramiento de fiscal a jueza superior tras cerrar investigación contra Suzanne Roig
El nombramiento de la fiscal Sonia Iris Martínez Ortiz para ocupar una posición como jueza superior ha generado preocupación entre sectores de la comunidad jurídica, que advierten sobre posibles efectos en la percepción pública de la Rama Judicial.
Martínez Ortiz, quien dirigió la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, estuvo a cargo de la evaluación de las alegaciones sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Departamento de la Familia.
La fiscal concluyó que no existía base para iniciar una investigación contra la secretaria de la agencia, Suzanne Roig, una determinación que provocó controversia pública.
El expresidente del Colegio de Abogados, Marc Anthony Mimbella, sostuvo que este tipo de nombramientos puede afectar la credibilidad del sistema judicial cuando los candidatos llegan al proceso con señalamientos o controversias previas.
Además, Mimbella lamentó la eliminación de la Comisión de Evaluación de Nombramientos Judiciales del Colegio, organismo que anteriormente emitía evaluaciones independientes sobre los candidatos.
Según Mimbella, la ausencia de ese mecanismo ha dejado el proceso de evaluación exclusivamente en manos de funcionarios electos, reduciendo los espacios para una valoración adicional basada en méritos profesionales y experiencia jurídica.
Actualmente, los nombramientos a la judicatura son realizados por el gobernador o gobernadora y requieren el consejo y consentimiento del Senado.
En el caso de Martínez Ortiz, corresponderá a ese cuerpo legislativo evaluar sus credenciales y determinar si confirma su designación.
