Supremo ordena investigación "exhaustiva" sobre caso del presunto responsable de la masacre en Yauco
La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, confirmó que ordenó una investigación ante el manejo del caso de Linnette Morales Vázquez de 30 años y quien falleció tras ser asesinada junto a su madre y hermano, presuntamente, a manos de su expareja en Yauco.
“Tras los eventos terribles en Yauco, instruí a comenzar una investigación exhaustiva sobre los procesos judiciales en los casos ante el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. De la misma forma, el Poder Ejecutivo debe llevar a cabo una evaluación de las gestiones y comparecencias en los Tribunales de los Fiscales asignados al caso, el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) del Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Policía de Puerto Rico. El Poder Judicial formulará las recomendaciones que considere prudentes al componente de seguridad pública», expresó Oronoz en comunicación escrita.
Según se desprende de la investigación, Morales Vázquez habría solicitado una orden de protección horas antes del vil crimen.
«Aunque la denuncia no establecía la reincidencia, la información disponible establece que la persona imputada de delito tenía una convicción previa por violencia doméstica, lo que revelaba factores de riesgo que se debieron tomar en cuenta al establecer medidas como la fianza y la supervisión electrónica. Por otro lado, durante las vistas celebradas, la Fiscalía tampoco solicitó revisión a las condiciones impuestas. Nuestro análisis preliminar también revela aparentes violaciones previas a la orden de protección que se llevaron a la atención de la Policía y que no se canalizaron ante el Tribunal», añadió la jueza presidenta.
Oronoz no descartó impulsar medidas administrativas adicionales o «proponer las modificaciones que correspondan a los procesos que se ventilan ante los tribunales».
La jueza presidenta sostuvo: «para mí y para el Poder Judicial, atender la violencia de género es una prioridad pero insisto: la violencia de género no solo es un problema legal, es un problema social que se tiene que abordar desde todos los frentes, no solo el jurídico. El Poder Judicial debe y quiere ser parte de la solución de este mal social y asume su responsabilidad en lograrlo.”
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