Resolución 306 del Senado busca investigar adjudicación de contratos en PRITS

El pasado jueves en el Capitolio se presentaron medidas para investigar los contratos otorgados por la Oficina de Tecnología del Gobierno de Puerto Rico, conocida como PRITS.

Esta entidad administra anualmente cerca de dos mil millones de dólares en servicios tecnológicos para el gobierno, según lo establece la ley.

Recientes investigaciones periodísticas han revelado posibles presiones indebidas para favorecer a ciertas empresas en la adjudicación de contratos.

Además, desde enero se han nominado tres directores para PRITS desde Fortaleza, pero sus nombramientos han sido retirados sin explicaciones claras.

Ante estas circunstancias, la delegación de los partidos popular e independentista presentó la resolución 306 para que se abra una investigación legislativa a cargo de la comisión presidida por el senador Thomas Rivera Schatz.

Sin embargo, Rivera Schatz rechazó categóricamente esta propuesta, argumentando que una investigación federal ya podría estar en curso y que no ve correcto que el Senado investigue el asunto internamente.

Paralelamente, el partido independentista sometió un proyecto para enmendar la ley de contabilidad del gobierno, con el fin de fiscalizar también a las empresas privadas que brindan servicios al sector público.

La situación mantiene un debate abierto sobre la transparencia y el control en la gestión de fondos públicos en el ámbito tecnológico.