Polémica por impuesto al inventario: ¿qué es y cómo nos afecta?

La controversia en torno al impuesto al inventario continúa generando debates entre comerciantes, consumidores y autoridades municipales. Este impuesto grava la propiedad mueble que los negocios mantienen en sus inventarios y representa ingresos anuales entre 250 y 300 millones de dólares para los municipios. Sin embargo, los comerciantes han señalado que esta contribución limita su crecimiento, pues para evitar pagar montos elevados, reducen sus inventarios, afectando la disponibilidad de productos para los consumidores.

Ante esta situación, el gobierno ha presentado una propuesta que busca congelar el impuesto al inventario por dos años, estableciendo un tope basado en los pagos promedio realizados en años anteriores. La idea es evitar que el impuesto crezca junto con el volumen del inventario y, de esta forma, favorecer el desarrollo comercial y beneficiar al consumidor. No obstante, una enmienda propuesta en el Senado podría penalizar tanto a los negocios con gran inventario como a aquellos que aumentan sus ventas, al trasladar el impuesto al momento de la venta, lo que incrementaría los costos finales para el consumidor.

Las asociaciones comerciales han rechazado esta enmienda, argumentando que sería “peor el remedio que la enfermedad”, ya que implicaría un nuevo impuesto directo al consumidor, sumándose a los ya existentes. Por su parte, el secretario de Hacienda ha asegurado que la política pública actual no contempla nuevos impuestos, aunque la medida sigue en discusión dentro del comité de conferencia.

Diversos sectores han solicitado detener la aprobación de esta legislación y promover un diálogo inclusivo que permita encontrar una solución consensuada que satisfaga tanto a los municipios como a comerciantes y consumidores. El debate continúa abierto en busca de una estrategia que promueva el desarrollo económico sin perjudicar ninguna de las partes involucradas.