Organizaciones ambientales demandan a la AEE
Un grupo de organizaciones ambientales presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan para reclamar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que revelen información supuestamente “confidencial” sobre 18 proyectos de energía renovable a escala industrial aprobados este año.
La demanda, que estudiará el juez Anthony Cuevas, exige divulgar detalles sobre los proyectos y sus consecuencias.
Las organizaciones que forman parte de esta demanda son El Puente, Comité Diálogo Ambiental, Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Organización Boricuá, Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, y la Mesa Multisectorial de Bosque Modelo de Puerto Rico.
“El pasado 2 de febrero, el NEPR aprobó 18 proyectos a escala industrial de energía renovable en terrenos propuestos por varias corporaciones y entidades con fines lucrativos y la AEE. A pesar de que el NEPR hizo un anuncio público de esta aprobación y con ellos la bendición de la Junta de Control Fiscal, no divulgan información de estos proyectos”, explicó Marissa Reyes, coordinadora de El Puente.
Agregó que “necesitamos con urgencia una transición energética, pero también es un derecho saber cómo se hará el proceso y donde se harán estos proyectos”.
Varias organizaciones, a través de representación legal, enviaron el 2 de mayo una carta en la que solicitaban información sobre estos proyectos. A esta solicitud ciudadana, la AEE y el NEPR contestaron que se trata de información confidencial.
Tras radicarse la demanda de solicitud de información, el caso fue asignado al juez Anthony Cuevas y está programada una vista presencial el próximo martes 21 de junio a las 2:00 PM, en la sala 904 del Tribunal.
“Nos encontramos en un momento histórico, donde decisiones urgentes e importantes están sobre la mesa y no se puede mantener a la población enajenada, ya que estas acciones afectan directamente al pueblo. Por proyectos aprobados anteriormente, sabemos que hay una tendencia a que estos proyectos pongan en riesgo terrenos de alto valor agrícola y de conservación. Nos preocupa enormemente que se continúe este patrón de saqueo de tierras agrícolas”, planteó la abogada ambiental Ruth Santiago.