Madre demanda a líder municipal de Loíza y a comunicador por difamación contra su hijo
Una madre de Loíza presentó una demanda civil en la que reclama al menos $800,000 en daños y perjuicios por las expresiones que, según alega, provocaron acoso escolar, humillación y daños emocionales a su hijo de 16 años, en medio de la controversia por la participación de cuatro estudiantes en una actividad política en Camuy.
La acción fue presentada por Wildelia Rivera Rivera, quien comparece en representación de su hijo menor y por derecho propio. El recurso señala como demandados al comunicador Ray Cruz Santiago, al presidente de la Legislatura Municipal de Loíza, Joel A. Osorio Chiclana, y también incluye reclamaciones contra la alcaldesa Julia Nazario Fuentes.
Según la demanda, la madre autorizó verbalmente la participación de su hijo en la actividad del Partido Nuevo Progresista (PNP), luego de que una consejera escolar le informara sobre la salida. Sostiene que conocía el propósito político del evento, se mantuvo en comunicación con el adolescente y que este regresó a su hogar sin incidentes.
La madre rechaza que su hijo haya consumido bebidas alcohólicas, sido víctima de acoso o participado en alguna conducta de naturaleza sexual. También niega que existiera un chat con contenido sexual entre el menor y el senador Héctor Joaquín Sánchez.
El recurso alega que Cruz Santiago difundió fotografías de los estudiantes y datos sobre los lugares donde residían, además de publicar comentarios e insinuaciones que, según la reclamación, expusieron a los menores a burlas y señalamientos de naturaleza homofóbica.
En cuanto a Osorio Chiclana, la demanda cuestiona expresiones sobre la supuesta falta de autorización de los padres para la salida y sus señalamientos sobre la existencia de un chat entre el senador y los estudiantes. El documento sostiene que el abogado posteriormente reconoció que su clienta había autorizado verbalmente la participación de su hijo.
La demanda también atribuye a Nazario Fuentes expresiones en las que presentó la actividad como un posible caso de “adoctrinamiento” y alega que sus intervenciones contribuyeron a los daños reclamados.
La controversia por la actividad en Camuy
El caso se remonta al 14 de octubre, cuando cuatro estudiantes de una escuela pública de Loíza salieron del plantel y terminaron en una actividad política del PNP en Camuy, relacionada con la ratificación del comité municipal de esa colectividad.
La controversia gira en torno a las circunstancias de la salida, el propósito que se les comunicó a las madres y las autorizaciones correspondientes. Mientras la madre demandante sostiene que conocía el carácter político de la actividad y dio su consentimiento, otra madre había planteado que entendió que su hijo participaría de una gira escolar y desconocía que asistiría a un evento partidista.
El senador Sánchez, por su parte, ha sostenido que los jóvenes mostraron interés en participar y que contaban con autorización verbal de sus padres. También rechazó que las alegaciones sobre un supuesto chat deban interpretarse como evidencia de alguna conducta indebida.
El traslado de los estudiantes provocó investigaciones del Departamento de Educación y del Departamento de Justicia, además de un proceso en el Senado. Las pesquisas buscan esclarecer cómo se coordinó la salida de los menores y si se cumplieron los procedimientos correspondientes.
La compensación que reclaman
La madre solicita al menos $650,000 para su hijo, por daños a su reputación, intimidad y dignidad, así como por angustias mentales. También reclama otros $100,000 para cubrir el tratamiento psicológico que, según plantea, el adolescente necesitará.
Por su parte, Rivera Rivera reclama $150,000 por los daños emocionales que asegura haber sufrido como consecuencia de la controversia y de las expresiones que, a su juicio, la presentaron como una madre negligente.
Entre los remedios solicitados figuran la preservación de publicaciones, grabaciones y mensajes relacionados con el caso, así como la eliminación de contenido que identifique al menor una vez el tribunal determine la falsedad de las expresiones cuestionadas.
La demanda no representa una determinación judicial sobre la veracidad de los señalamientos. Corresponderá al tribunal evaluar las alegaciones y la evidencia que presenten las partes.
