Justicia determina no reabrir investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig
El Departamento de Justicia notificó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) su determinación de no iniciar una investigación preliminar relacionada con un referido del senador Luis Javier Hernández Ortiz por una alegada violación al delito de perjurio contra Suzanne Roig Fuertes, secretaria de la Familia, durante su proceso de consejo y consentimiento.
La evaluación fue realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), que examinó prueba documental, certificaciones oficiales y otra evidencia pertinente. Según el análisis, la información revisada confirmó la participación de la funcionaria en reuniones y una declaración jurada ante el Departamento de Salud.
No obstante, el Departamento de Salud certificó que no existe prueba de que la funcionaria haya sido notificada como investigada, sospechosa o persona de interés en algún procedimiento administrativo o penal, ni fue citada en esa condición por el Departamento de Justicia.
Tras evaluar la totalidad de la prueba, Justicia concluyó que no existe evidencia suficiente para establecer el elemento intencional requerido para sostener una posible violación al delito de perjurio, conforme al Artículo 269 del Código Penal. Por ello, se determinó no iniciar una investigación preliminar y se notificó la decisión al PFEI.
En una segunda determinación, el Departamento de Justicia también evaluó una solicitud de reapertura, originalmente referido por el Departamento de Salud.
La revisión fue realizada por un fiscal sin participación previa en la pesquisa inicial, quien analizó documentos adicionales sometidos por el senador Hernández Ortiz, incluyendo facturas, comunicaciones electrónicas, entrevistas y evidencia relacionada con One Source Investigations, LLC (OSI) y el participante INR.
El análisis concluyó que la información presentada no constituye evidencia nueva ni altera las determinaciones previamente establecidas en la orden de cierre y archivo del caso. En consecuencia, Justicia determinó que no existe base probatoria para recomendar la reapertura de la investigación.
