Junta de Libertad Bajo Palabra asegura que Carlos Estefano cumplía con criterios para su excarcelación
En un comunicado de prensa, la Junta de Libertad Bajo Palabra defendió este martes los procesos que utiliza para conceder el privilegio de excarcelación luego del escrutinio público generado por el caso de Carlos Manuel Estefano Pino, señalado como sospechoso del asesinato de la enfermera Jennifer M. Torres Castro, de 36 años, en Caguas.
En un comunicado, la Junta expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares, reiteró que la seguridad pública es el eje principal de sus determinaciones y aseguró que colaborará con cualquier investigación oficial relacionada con el caso.
Asimismo, sostuvo que la actual composición de la Junta no fue la que otorgó originalmente la libertad bajo palabra a Estefano Pino.
Explicó que, posteriormente, realizó una revisión del expediente administrativo y concluyó que la información disponible reflejaba el cumplimiento de los criterios establecidos por la ley para mantener ese beneficio.
La Junta también reconoció que este y otros casos demuestran la necesidad de evaluar posibles enmiendas a la legislación vigente para fortalecer el proceso de evaluación de candidatos a libertad bajo palabra, incorporando herramientas adicionales para medir el riesgo sin afectar las garantías del debido proceso.
Como parte del comunicado, informó que desde 2025 ha concedido 166 privilegios de libertad bajo palabra, de los cuales 71 (42.8%) corresponden a personas condenadas por asesinato y 95 (57.2%) a otros delitos.
Además, enfatizó que la libertad bajo palabra no extingue la sentencia, sino que constituye un privilegio sujeto a condiciones estrictas, supervisión y posible revocación.
Ayer, lunes, el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Ramón Torres reclamó que se investigue el funcionamiento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, un reclamo que tomó fuerza tras el asesinato de la enfermera en Caguas.
El legislador recordó que en marzo presentó la Resolución de la Cámara 657, aprobada de forma unánime, para examinar la situación administrativa y las medidas de seguridad de la Junta. Ahora solicitó al presidente de la Comisión de Gobierno que active la investigación de inmediato, sin esperar al inicio de la próxima sesión legislativa.
Entre los asuntos que propone investigar figuran quién supervisaba a Estefano Pino mientras disfrutaba del beneficio, qué evaluaciones se realizaron antes de mantener su libertad bajo palabra y si existían deficiencias en el manejo de su expediente.
Torres también expresó preocupación por la posible ausencia de documentos esenciales, como la sentencia y la liquidación de sentencia, situación que, según planteó, podría afectar el análisis de los casos.
Además, propuso revisar la Ley de Libertad Bajo Palabra para evaluar si una persona que comete nuevos delitos mientras disfruta de ese privilegio debe tener derecho a una segunda oportunidad. Según indicó, las primeras citaciones como parte de la investigación podrían comenzar esta misma semana.
