Informe de la NOAA solicitaba al DRNA remover estructuras ilegales de la Bahía de Jobos en el 2018

En medio de la polémica con relación a los crímenes ambientales perpetrados por ciudadanos que arrasaron manglares y rellenaron ciertas zonas con arena en la reserva nacional de investigación estuarina de bahía de Jobos, en Salinas, ayer se hizo público un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), fechado en 2018, donde específicamente se señala que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) falló en su obligación ministerial de tomar acción ante dicha situación.

En un documento titulado Final Evaluation Findings, Jobos Bay National Estuarine Research Service February 2011 to 2017, publicado en octubre de 2018, se señala específicamente que el DRNA falló en el cumplimiento de los requisitos programáticos relacionados al Coastal Zone Management Act, en vista de que la agencia dirigida por Rafael Machargo Maldonado es comanejadora de dicha reserva, cuyos terrenos fueron adquiridos con fondos federales.

Machargo Maldonado fue subsecretario del DRNA entre 1998 y 2000, en las postrimerías de la gobernación de Pedro Rosselló González. Antes, entre 1994 y 1998, fue asesor legal de la Autoridad de Desperdicios Sólidos.

El 7 de febrero de 2020, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced sometió ante la consideración del Senado la nominación interina de Machargo para la posición de secretario interino del DRNA. Luego asumió el cargo en propiedad, hasta el presente.

El informe federal de 19 páginas detalla específicamente en la página dos que la NOAA le recomendó al DRNA que estableciera un grupo de trabajo “task forcé” para coordinar la remoción de estructuras ilegales en la zona de Las Mareas y Camino El Indio, recomendación que es ignorada hasta el día de hoy.

En los pasados días, Machargo expresó en Las Noticias que el DRNA contrató un bufete externo (no menciona el nombre de la entidad ni el costo al erario público), para que trabaje en el caso de las expropiaciones en bahía Jobos, pero no será en marzo, ni en abril, sino en algún momento en mayo, cuando tomarían acción ante las construcciones ilegales en la zona.

La reserva nacional de bahía de Jobos es la segunda área estuarina más amplia de Puerto Rico. Se extiende entre los municipios de Guayama y Salinas, y sus terrenos fueron adquiridos por el DRNA en 1981. Poco después la región fue designada como reserva nacional por la NOAA.

Otra de las seis recomendaciones de la NOAA al DRNA fue que aumentara la vigilancia en la zona, especialmente fuera de horas de oficina, y fines de semana, así como la rehabilitación de una estructura que antiguamente funcionó como restaurante, para establecer un centro educativo y de entrenamiento ambiental.

En la página tres del documento, se le señala al DRNA que debe asegurarse de la remoción de las estructuras ilegales en la zona de bahía Jobos y la restauración de los terrenos a su condición natural. “Esta recomendación no se limita a las estructuras que funcionan como viviendas, sino también a los muelles, puertos, verjas, utilidades y pavimentación”, indica.

NOAA señala además que, como primer paso, a los tres meses de la emisión del documento (año 2018) el DRNA debió emitir un plan para la remoción de las estructuras y que debía estar culminado con resultados en 18 meses.

El plan tenía que incluir las previsiones para evitar que las invasiones se repitieran. Incluso, NOAA solicitó al DRNA un informe cada dos años de la situación de la zona, con detalles e incluso con fotografías aéreas, lo que la agencia no cumplió.

Para la senadora Hau, el documento de 2018 “confirma lo que la alcaldesa Karilyn Bonilla ha sostenido desde el principio: que el DRNA no ha cumplido con su deber en ley. En esta ocasión, la agencia federal hizo unas recomendaciones que el DRNA ha ignorado. El municipio ha llegado hasta donde las leyes lo permiten”.

Añadió que “el municipio ha denegado todos los permisos que se han solicitado en la zona y hecho las denuncias correspondientes. Quien es custodio de la zona es el DRNA y así está claramente expresado en el documento federal. Si el secretario Machargo no actúa, le corresponde al gobernador poner orden en el DRNA, como supervisor inmediato de Machargo Maldonado”.