Hacienda busca frenar entrega de información de Sagardía al Senado
El Gobierno de Puerto Rico acudió al Tribunal de Apelaciones para intentar detener una orden que obliga al Departamento de Hacienda a entregar al Senado información contributiva del abogado y contratista gubernamental Antonio Sagardía de Jesús.
La controversia surgió luego de que el Senado solicitara saber si Sagardía presentó formularios W-2 o 480 durante los años 2024 y 2025, a quiénes les realizó pagos y si esos documentos fueron corregidos o enmendados. Además, requirió “cualquier otra información” que el Departamento de Hacienda entienda necesaria para evaluar el cumplimiento contributivo del abogado.
El Tribunal de Primera Instancia ordenó al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, a entregar la información en un plazo de 48 horas.
La jueza concluyó que el Senado no estaba solicitando acceso a planillas contributivas ni a ingresos personales, sino únicamente información básica relacionada con formularios patronales y pagos a empleados o contratistas.
Sin embargo, el Gobierno presentó un recurso de certiorari ante el tribunal para revocar esa determinación.
En el documento, Hacienda argumentó que la información solicitada es confidencial y está protegida tanto por el Código de Rentas Internas como por el derecho constitucional a la intimidad.
Según el recurso, divulgar la información no solo afectaría a Sagardía, sino también a terceras personas cuyos nombres podrían aparecer en los formularios solicitados. El Gobierno sostiene que revelar esa información sin notificar previamente a las personas involucradas viola el debido proceso de ley.
Además, Hacienda alegó que el Senado nunca explicó claramente cuál era el propósito de la investigación ni por qué necesitaba esos datos específicos.
Pese a que el Senado haya señalado que investiga posibles irregularidades en contratos otorgados al abogado, el Gobierno sostuvo que la petición legislativa no establece una conexión clara entre esa pesquisa y la información contributiva requerida.
El recurso describió a la solicitud del Senado como una “expedición de pesca” y sostuvo que excede los límites del poder investigativo legislativo.
Como parte del mismo trámite, el Gobierno también presentó una solicitud urgente de auxilio de jurisdicción para que el Tribunal de Apelaciones paralice de inmediato la orden del foro primario mientras evalúa el caso.
En esa solicitud, Hacienda adviertió que, de verse obligado a entregar la información antes de que el tribunal resuelva, el daño sería irreversible, ya que una vez divulgados los datos contributivos no podrían volver a ser confidenciales.
Además, el Gobierno sostuvo que el secretario de Hacienda podría enfrentar una determinación de desacato civil e incluso arresto si no cumple con la orden judicial antes de que venza el plazo.
Por su parte, el Senado insistió en que la información solicitada es necesaria para fiscalizar el uso de fondos públicos y verificar si un contratista gubernamental cumplió con sus obligaciones contributivas.
Ahora, corresponderá al tribunal a decidir si detiene la orden y si el Senado tiene derecho a obtener la información requerida.
