“Estamos frustrados con este gobierno”: vecinos cuestionan restricciones para obtener agua de manantiales
Ante la falta de agua provocada por la sequía y el racionamiento, residentes de distintas comunidades han recurrido a pozos, manantiales y otras fuentes naturales para conseguir el recurso necesario para sus necesidades básicas.
Sin embargo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) recordó que la extracción de aguas superficiales y subterráneas está sujeta a regulación en Puerto Rico y puede conllevar sanciones cuando se realiza sin las autorizaciones correspondientes.
En Carraízo, residentes del área del Pozo de Bartolo aseguran que llevan generaciones utilizando esta fuente de agua para beber, cocinar y atender otras necesidades del hogar.
No obstante, ante la situación actual, algunos vecinos expresaron preocupación por posibles multas y restricciones mientras continúan enfrentando interrupciones en el servicio de agua potable.
La regulación sobre el aprovechamiento del agua se remonta, entre otras disposiciones, a la Ley 49 de 2000, que enmendó la Ley de Aguas de Puerto Rico y fortaleció las sanciones relacionadas con el uso no autorizado del recurso.
La legislación contempla multas de $500 por aprovechar agua sin la franquicia correspondiente o por construir sistemas de extracción sin los permisos requeridos. En procedimientos administrativos, las penalidades pueden alcanzar hasta $50,000 por infracción.
Mientras continúan las filas para conseguir agua y aumenta la incertidumbre entre las comunidades afectadas, los residentes plantean una pregunta que cobra mayor urgencia en medio del racionamiento: si no hay agua en los hogares y se limita la posibilidad de obtenerla en los manantiales, ¿de dónde se supone que la consigan?
