Denuncian que inmigrantes evitan conducir y trabajar por temor tras entrega de sus datos a ICE
El portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, denunció que la divulgación de datos vinculados a licencias de conducir otorgadas a personas sin estatus migratorio regularizado ha generado temor entre integrantes de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.
Sus expresiones surgieron en medio de la entrega del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de los documentos relacionados con el traspaso de información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
La entrega ocurrió tras más de un año de controversia judicial y luego de que el Tribunal Supremo rechazara un segundo recurso de reconsideración presentado por la agencia.
Entre los documentos figuran el requerimiento de las autoridades federales y la información preparada por el DTOP en respuesta, que, según la ACLU, sugiere que la agencia compartió voluntariamente datos sensibles sin estar legalmente obligada.
La directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona, celebró la determinación judicial y acusó al gobierno de obstaculizar durante más de un año el acceso a información pública.
Rodríguez calificó el intercambio de datos como “un acto de alta traición” y recordó que el Comité Dominicano de Derechos Humanos impulsó la iniciativa desde 2013 para permitir que trabajadores inmigrantes condujeran legalmente hacia sus empleos.
El portavoz estimó que más de 20,000 personas han obtenido esas licencias, mientras que la controversia judicial se ha referido a la entrega de datos de cerca de 6,000 conductores.
También alegó que la gobernadora había votado en contra del proyecto original y describió la divulgación de información como una “venganza” contra una comunidad trabajadora.
Según relató, algunas personas han dejado de conducir por temor a ser localizadas mediante sus tablillas y direcciones, mientras otras evitan salir de sus hogares, incluso para trabajar.
Rodríguez vinculó esa preocupación con las redadas migratorias en Barrio Obrero y Santurce, y planteó que será necesario determinar cuántas personas incluidas en el registro fueron objeto de operativos, detenciones, traslados o deportaciones.
El portavoz no descartó futuras acciones legales, incluida una posible demanda de clase.
