Daddy Yankee demanda a Raphy Pina y a Mireddys González por presunto fraude de regalías
El artista urbano Daddy Yankee y su empresa Los Cangris, Inc. radicaron una demanda federal en la que acusan a Raphy Pina, a su exesposa Mireddys González-Castellanos, y a un grupo de colaboradores y corporaciones de haber participado en un presunto esquema de años para adjudicarse fraudulentamente derechos de autor y desviar regalías generadas por la música del intérprete.
De acuerdo con el documento presentado ante el Tribunal Federal, los demandantes alegan que Pina, junto a González-Castellanos, Andrés Coll-Fernández, Edwin Prado-Galarza y varias empresas vinculadas —entre ellas Los Magnifikos, Pina Records d/b/a World Music Latino, Mafer Management y Gasolina Publishing Co. bajo Prendi Trust— habrían manipulado documentos conocidos como “split sheets” para incluir a Pina o a sus compañías como coautores o propietarios de obras musicales sin el consentimiento de Ayala Rodríguez.
La demanda detalla una larga secuencia de correos electrónicos, algunos con más de una década de antigüedad, que según los demandantes muestran cómo se crearon y se modificaron acuerdos de distribución de derechos para luego presentarlos ante la Oficina de Copyright de Estados Unidos como si fueran documentos válidos. Con estas presentaciones, alegan, los demandados habrían asegurado participaciones en registros oficiales que les permitieron recibir ingresos por regalías de forma indebida.
El documento también describe lo que califica como un “ambiente coercitivo”, alegando que Pina utilizó intimidación —incluyendo incidentes donde supuestamente se utilizaron armas de fuego durante reuniones— como parte de un patrón de control sobre las operaciones y los procesos creativos. Asimismo, los demandantes señalan que tras cambios administrativos en 2024 se produjo la eliminación de correos y registros corporativos, lo que, según ellos, obstaculizó la posibilidad de reconstruir con precisión la contabilidad de regalías.
El pleito incluye reclamos bajo el estatuto federal RICO, una ley utilizada para procesar esquemas de crimen organizado. También se alega conspiración para defraudar y violaciones a leyes estatales contra organizaciones criminales en Puerto Rico.
Los demandantes solicitan al tribunal una compensación económica de al menos $3 millones, cifra que podría triplicarse si prevalecen sus reclamos bajo RICO. Además, piden que se ordene la corrección inmediata de los registros de copyright y de las distribuciones de regalías en todas las organizaciones pertinentes, así como medidas que detengan cualquier pago basado en los registros que impugnan.
Ahora, el tribunal deberá notificar a cada uno de los demandados. Una vez reciban la demanda, estos podrán contestarla o presentar mociones para intentar su desestimación. De continuar el proceso, la controversia pasará a la etapa de descubrimiento de evidencia, donde ambas partes deberán intercambiar documentos, correos electrónicos, acuerdos y registros financieros relacionados con las regalías en disputa.
